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¿Qué dicen los informes del Ministerio de Salud usados en hábeas corpus de Glas?

El exvicepresidente de la República Jorge Glas salió del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi el pasado 10 de abril, por un hábeas corpus. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

El fallo judicial se sustentó en 15 páginas. El juez Banny Rubén Molina favoreció al exvicepresidente Jorge Glas y a Daniel Salcedo, tras analizar las pruebas que comprobarían la vulneración del derecho a la salud de los dos acusados por actos de corrupción.  

Según el escrito judicial, la crisis del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Sistema Carcelario (SNAI) sería la base legal para que el juez Molina otorgara la libertad de los dos privados de libertad.  

En el escrito se indica que en el caso de Glas hay un certificado del MSP emitido el 22 de julio de 2022. Ese documento habría sido suscrito por Luis Alberto Amaya González, en calidad de médico del Centro de Salud Cotocollao. 

El galeno habría certificado que el exvicepresidente estaría recibiendo atención psiquiátrica y en su historia clínica mantiene múltiples dolencias. De hecho, parte del informe médico señalaría que Glas tiene al menos 10 diagnósticos y que muchos son crónicos. 

De allí que, según el fallo judicial, en las conclusiones del informe de salud se establece que por parte del SNAI y del MSP “no se puede garantizar una atención adecuada de salud si las herramientas tecnológicas disponibles para hacerlo fallan o no permiten hacerlo”. 

Entre las pruebas presentadas habría documentación que revelaría que “no hay insumos como saturador, tensiómetro, termómetro y otoscopio, que son elementales para una atención medica”.  

Incluso, se menciona que “hay insumos médicos mal calibrados y que no hay medicamentos en primer nivel, ni en el nivel hospitalario (y) que las personas de los centros de privación de libertad tienen radicales limitaciones para adquirir medicamentos por su propia cuenta; que hay privados de libertad que tienen diagnósticos que escapan de la capacidad resolutiva de medicina general”. 

Según estadísticas de marzo pasado, en las cárceles del Ecuador existían aproximadamente 400 personas con enfermedades crónicas.

Hasta el 9 de agosto de 2022, el MSP no se pronunciaba sobre los informes usados para favorecer a los imputados. El Gobierno se mantiene en que el proceso del hábeas corpus fue ilegítimo.

Jorge Glas

Una de las pruebas que se presentó para favorecer al exvicepresidente Jorge Glas sería una serie de imágenes de redes sociales en donde “consta que personal del Hospital Pablo Arturo Suárez, de Quito, niega asistencia médica al exfuncionario”. Así lo señala el fallo del juez Molina.  

Según el escrito oficial, en dicho hospital consta que Glas tiene diagnósticos de espondilitis anquilosante, hipertensión arterial, fibromialgia, síndrome de estrés postraumático, patología en la columna cervical, en la columna lumbosacra y secuelas de un “intento autolítico con un arma blanca”. Esto significa que el exvicepresidente intentó suicidarse.

En el fallo no se detalla la fecha de este episodio.

Daniel Salcedo

La vulneración al derecho de la salud también fue la base para ordenar la liberación de Daniel Salcedo. En el fallo judicial, el juez Molina detalló que existe un informe, emitido por un servidor público el 12 de mayo de 2022. En dicho documento se indica que el acusado: “No registra ninguna terapia física durante el tiempo de permanencia en el Centro de Rehabilitación Social. A esto también se agrega que la entidad accionada tampoco ha justificado lo contrario, por lo que se determina que sus derechos continúan siendo vulnerados”. 

El juez indica que tanto el centro carcelario como el MSP “no han cumplido con su obligación de brindar una atención de salud oportuna”.

Juez Rubén Molina

Hasta este 10 de agosto, el Gobierno se mantenía en que el fallo del juez Molina era ilegítimo. Por tal motivo, se negó a cumplir el proceso de excarcelación de Glas y Salcedo. El motivo principal sería que el magistrado tiene una investigación judicial en su contra por prevaricato.

Según el portal del Consejo de la Judicatura, Molina tiene dos procesos penales en su contra. Uno por asociación ilícita en 2019. El segundo es por prevaricato, que se inició en 2021. Por esta investigación, el juez fue suspendido por el Consejo de la Judicatura. Los detalles de las investigaciones también serían públicos.

El proceso por asociación ilícita estaría relacionado con una presunta extorsión a presos de la cárcel de El Rodeo.

SNAI y MSP

En los dos hábeas corpus se presentaron informes del Ministerio de Salud y del SNAI. Las instituciones corroboran la información usada en el proceso para entregar detalles de la falta de acceso a la salud. 

Las dos entidades han admitido que existe una emergencia en sus dependencias. En el caso de la primera, las autoridades dicen que hay desa­bastecimiento de medicinas en los hospitales públicos.

Por medio de una declaratoria de emergencia realizada en junio, el MSP ha realizado 953 órdenes de compra a través del catálogo electrónico, que por ahora tiene 183 fármacos registrados de los 750 que conforman el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.