El pronunciamiento judicial consta en 67 páginas. Allí, dos jueces de la Corte Nacional ratifican la inocencia de los hermanos William y Roberto Isaías, exprincipales accionistas del extinto Filanbanco. Sobre ellos y otros tres pesaba una condena de ocho años, que en el 2012 se emitió por un presunto delito de peculado.
Ese caso estalló en medio del feriado bancario, cuando una serie de entidades quebraron.
Según las investigaciones penales, que arrancaron en el 2000, los dos hermanos fueron señalados, porque supuestamente abusaron de los fondos de liquidez entregados por el Banco Central a Filanbanco.
Desde entonces se desarrollaron diligencias. Una de estas se ejecutó en julio del 2019. Ese año, el abogado de los imputados, Jorge Zavala, recurrió a la Corte y presentó un recurso de revisión. Esa es la última posibilidad para demostrar la inocencia o no de una persona.
Esta vez, los magistrados nacionales se pronunciaron y determinaron la inocencia.
La decisión no fue unánime. El juez Marco Rodríguez declaró improcedente el pedido de Zavala. Los jueces Daniella Camacho y Luis Rivera, en cambio, determinaron que “no se ha comprobado la existencia de peculado”.
El Código Penal (at. 658) dice que un recurso de revisión se acepta solo cuando aparezcan nuevas pruebas que demuestren que no hubo delito. O cuando la condena se ha dictado con documentos o testigos falsos o con informes periciales maliciosos o errados.
¿Qué nueva prueba hubo en el caso de los hermanos Isaías? Se trata de una pericia financiera, que estableció que la sentencia del 2012 “se interpuso en forma errada”. El informe señala además que se excluyeron circunstancias y se distorsionaron los hechos.
La pericia también explica que el Banco Central depositaba los créditos de liquidez en una cuenta inmovilizada de esa misma entidad y que los fondos no se entregaban a quienes manejaban los bancos.
“Estos recursos eran administrados por el Banco Central. Por lo tanto, no hubo una libre disposición de los fondos por parte de los administradores de Filanbanco”, detallaron los magistrados en su fallo.
Otra razón para declararlos inocentes fue que en marzo del 2019 Estados Unidos negó un pedido de extradición. El Departamento de Estado consideró que la justicia ecuatoriana “no ha sido capaz de demostrar la existencia del ilícito”.
Óscar Ayerve, quien desde el 2001 al 2016 fue presidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filanbanco, calificó al informe judicial de “terrible”.
Recordó que ese grupo se conformó para tratar de recuperar cerca de USD 1 400 millones retenidos por el banco tras su quiebra y que correspondían a 750 000 acreedores.
Entre ellos estaban depositantes, inversores, personas naturales y jurídicas e instituciones del sector público.
“Tras 15 años en los que la Junta interpuso acciones judiciales y administrativas, cerca de 21 000 no recuperaron sus depósitos”, señaló Ayerve.
La jueza Camacho indicó ayer (20 de abril del 2021) a este Diario que el motivo de este juicio no fue la afectación de los cuentahorristas, sino la disposición de los fondos de liquidez del Banco Central.
En el fallo, los jueces aclararon que esta decisión no implica la devolución de bienes.
“Todas las propiedades entregadas por Filanbanco, sus filiales y sus accionistas, con motivo de la crisis bancaria, fueron producto del cumplimiento de obligaciones de carácter civil y administrativo, que son independientes de la responsabilidad penal y de este proceso”. Luego dijeron: “Por lo tanto, no a lugar a la devolución de esos bienes”.
El caso de lo incautado a los Isaías, entre ellos los edificios de dos medios de comunicación, se analiza en otra instancia. Según el abogado Zavala Egas, ese es un proceso que se sigue en Ginebra.
En junio del 2016, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó al Estado ecuatoriano a devolver todo lo que fue tomado, porque supuestamente violó el derecho a las debidas garantías y ordenó una plena reparación.
Desde el 2008, alrededor de 190 empresas de los sectores agrícolas, comercio, construcción, seguros y mediáticos fueron incautadas. La principal fue el holding azucarero Aztra, el cual pasó a ser administrado por el Fideicomiso No más Impunidad bajo el nombre de Ecudos, hasta el 2011. Ese año fue comprado por el Grupo Gloria de Perú, que adquirió el 70% de las acciones que representaban USD 133,8 millones.
También pertenecían a los Isaías las estaciones de TV Gamavisión y TC Televisión. En la lista están Maxigraf, Tv Cable, revista La Otra, etc.
Ese caso ha estado envuelto en un sinnúmero de hechos. Por ejemplo, el 27 de agosto del 2001, una jueza resolvió que se devuelva un vuelto de USD 148 millones en “activos de crédito” (préstamos), que fueron entregados a varias empresas.
Ahora, la defensa de los hermanos dice que la acusación se ha manejado políticamente.
Con la última decisión judicial, la orden de prisión que pesaba en contra de sus defendidos pierde vigencia. Si no se presentan pedidos de ampliación o de aclaración, el pronunciamiento quedaría en firme el martes próximo.