Fiscalía tiene 225 evidencias contra Lenín Moreno por caso Ina Papers

La audiencia de formulación de cargos por el caso Ina Papers se instaló, el 3 de marzo del 2023, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Foto: Fiscalía

Durante tres horas, la fiscal general, Diana Salazar, dio detalles de un presunto entramado de corrupción relacionados con el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. 

En ese tiempo, la funcionaria también procesó penalmente a 37 personas por el presunto delito de cohecho en el caso Ina Papers o también conocido como Sinohydro. En la lista de imputados está el expresidente Lenín Moreno, su esposa, su hija, dos hermanos y dos cuñadas. 

Todo esto ocurrió durante la audiencia de formulación de cargos, que se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. La cita judicial arrancó a las 09:39, de este viernes 3 de marzo del 2023. 

Las evidencias presentadas 

Este 3 de marzo del 2023, Fiscalía detalló 225 elementos de convicción en contra de las 37 personas procesadas.  

Entre las evidencias que Fiscalía presentó en contra del exmandatario Moreno constan: varios informes técnicos periciales de audio y video, de informática forense, versiones de un funcionario público y Asistencias Penales Internacionales a Panamá, España y Suiza.  

Por ejemplo, “la Asistencia Penal Internacional (API) solicitada a Panamá remite información bancaria de Ina Investment Corporation, en la que se verifica el pago por concepto de muebles de USD 19 432,95 a una empresa suiza. Además, constan varios pagos al propietario de un departamento en Alicante por más de USD 200 000”, señaló la Fiscalía en relación con el exmandatario.  

La entidad investigadora también señaló que con la API solicitada a España se “remitieron las escrituras de compraventa, a favor de la sociedad Ina Investment Corporation, del departamento de Alicante”.  

Además de la API requerida a Suiza “se desprende el pago de los muebles por orden de Ina Investment Corporation, fueron entregados en Ginebra”.  

“Existen suficientes elementos de convicción para demostrar que alrededor del proyecto Coca Codo Sinclair se cometieron actos ilícitos a cambio de dinero, canalizando a través de terceras personas”, indicó la Fiscalía.  

El exmandatario rechaza todas las acusaciones en su contra y asegura que no tuvo ninguna participación en la contratación del proyecto Coca Codo Sinclair.

La acusación fiscal 

Según la fiscal general, Diana Salazar, los 37 procesados supuestamente se beneficiaron con cerca de USD 76 millones en coimas. Las pesquisas señalan que las acciones ilícitas se habrían perpetrado entre 2009 y 2018. 

“En esta presunta trama de corrupción, se descubrió que alrededor de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo- Sinclair, la empresa que se adjudicó el contrato habría pagado cerca de USD 76 millones, a través de transferencias, cheques y dádivas de manera irregular, para viabilizar la concesión del contrato”, indicó la funcionaria.

Tras procesar a las 37 personas, la Fiscalía aseguró que los USD 76 millones en coimas es el monto más alto que se ha judicializado por actos de corrupción en el Ecuador.  

Pedido de prisión preventiva 

La fiscal Salazar solicitó medidas cautelares en contra de los imputados para “garantizar su presencia en las siguientes etapas del proceso penal”.  

Fiscalía pidió al juez Adrián Rojas que dicte prisión preventiva para todos los investigados, pues dijo que existe riesgo de fuga. La entidad detalló que 10 de los 37 procesados no se encuentran en el país.  

Sin embargo, la fiscal dijo que se debe sustituir esa prisión preventiva por arresto domiciliario para 14 de 37 procesados, pues ellos tienen más de 65 años. Según la Constitución de Ecuador, a las personas de la tercera edad se les debe dictar arresto domiciliario y no prisión preventiva. Ese es el caso de Lenín Moreno, quien tiene 69 años. 

Actualmente, la audiencia continúa. Los abogados de los procesados presentan sus argumentos al juez Rojas para que no acepte los pedidos de prisión preventiva. Aseguran que sus clientes no huirán al país y comparecerán al proceso judicial.  

Cuando finalice la intervención de los abogados, el magistrado Rojas debe analizar si dicta o no prisión preventiva y arresto domiciliario en contra de los implicados.  

Más noticias:


Visita nuestros portales:

Sigue a EL COMERCIO en Google News CLIC AQUÍGoogle News


Suplementos digitales