La fiscal General del Estado, Diana Salazar, defendió el inicio de una investigación previa contra 93 asambleístas denunciados por Guadalupe Llori (Pachakutik), presidenta del Parlamento. La titular del Legislativo los señala por supuesto incumplimiento de las medidas cautelares al crear una comisión para investigarla.
Salazar remarcó que este organismo tiene “la obligación de investigar todas las denuncias que le sean presentadas por cualquier ciudadano y no tiene la posibilidad de decidir si las acepta o no porque entonces sí estaría incumpliendo sus funciones al negarle el acceso a la justicia”.
La funcionaria se pronunció en un video divulgado en sus redes sociales, después de que el viernes 6 de mayo la Fiscalía notificó a los 93 asambleístas denunciados por Llori sobre este proceso.
El trámite de la denuncia de Llori
La acción se dio, a pesar de que la Presidenta Llori dijo a EL COMERCIO que todavía no ha reconocido firma y rúbrica ni ha dado su versión, en relación a la denuncia que presentó el 26 de abril por el presunto delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente.
“La Fiscalía ha iniciado una investigación previa, que es una fase preprocesal que permite recabar elementos de cargo y descargo con la finalidad de descubrir si se ha cometido o no un delito”, sostuvo Salazar.
La funcionaria aseguró que este organismo de justicia “no ha interferido ni interferirá en ninguna de las otras funciones” y llamó “a los políticos y dirigentes del país para que no pretendan utilizar a la Fiscalía, al sistema judicial y al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse por otras vías”.
Coordinador jurídico habla de alcances de la denuncia
Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea, a través de un oficio, aclaró a la Fiscalía que la investigación debe darse en contra de 81 legisladores, que aprobaron la comisión de investigación, y no en contra de los 93 que respaldaron el cambio en el orden del día de la sesión 772 del Pleno para dicho procedimiento, el pasado 26 de abril.
“Se notifica a 93 asambleístas que fueron los que votaron por el cambio del orden del día. Sin embargo, la violación propiamente dicha a las medidas cautelares dispuestas por el Tribunal de Garantías Penales corresponde a 81 asambleístas, que fueron los que votaron por la conformación”, explicó el funcionario.
La titular del Legislativo aseguró que ha recurrido a la vía judicial, al considerar que “el tema político se agotó”, pues sostuvo que la mayoría en la Asamblea violó el procedimiento parlamentario en su afán de removerla del cargo.
Llori comentó que el lunes pasado fue convocada a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión y reconocer firma y rúbrica por esta causa, pero que no acudió y pidió que se difiera esta diligencia.
“Yo puse la denuncia. Pero hasta allí. De allí no he ido a reconocer firma y rúbrica ni tampoco he rendido mi versión”, apuntó.