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Investigaciones para esclarecer si hubo un delito de femicidio

La semana pasada, familiares de Naomi Arcentales, en un platón para exigir que se esclarezca su muerte. Foto: Cortesía

Versiones, extracción de información de celulares, pericias de audios y videos de las cámaras de seguridad, experticias de identidad humana, reconocimientos de lugares, cotejamiento de voces son algunas de las diligencias que se realizan para esclarecer la muerte de la modelo manabita, Naomi Arcentales.

Por ejemplo, este martes, a partir de las 12:00, está previsto que en la Fiscalía de Manta se recepte la versión de la expareja de Naomi, Juan Carlos Izquierdo. Según los familiares de la joven, él debe ser investigado como sospechoso de la muerte.

En cambio, él niega las acusaciones vertidas en su contra. A través de un comunicado público señaló: “Como ha sido, es y será vamos a colaborar y dar todas las facilidades a las autoridades para el esclarecimiento de este lamentable suceso”.

La joven fue hallada sin vida en un hotel de Manta, el 12 de diciembre. El informe de autopsia señaló un presunto suicidio; sin embargo, la Fiscalía investiga si se trató de un femicidio. De hecho, en este caso, esa entidad aplica el Protocolo para Investigar Femicidios y Otras Muertes Violentas de Mujeres.

Este protocolo es relativamente nuevo. Fue suscrito por la fiscal general, Diana Salazar, el pasado 24 de noviembre. El objetivo es que los fiscales a escala nacional lo apliquen de forma obligatoria en todos los casos de muertes violentas de mujeres y niñas, incluido los presuntos casos de suicidios y accidentes.

Este mecanismo también establece que, “para efectos de la investigación”, toda muerte violenta de una mujer o de una niña sea considerada un femicidio, hasta que se compruebe lo contrario.

¿Cómo se aplica este mecanismo?
Este protocolo reposa en un documento de 128 páginas. Allí se mencionan siete pasos para investigar un presunto femicidio. Uno de ellos es recopilar y preservar los indicios hallados junto al cuerpo de la víctima.

Miembros de la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) y Criminalística son los encargados de recoger huellas dactilares, armas, objetos capaces de provocar asfixia, restos biológicos o genéticos como sangre, cabellos, entre otros elementos.

Además, es indispensable recolectar toda la información posible del lugar de la muerte; sobre todo, la ubicación exacta. Luego se debe verificar las cámaras de seguridad y realizar entrevistas a familiares, amigos y testigos del hecho.

Como parte de ese protocolo, la Fiscalía también debe solicitar pericias y convocar a versiones libres y voluntarias. Todas esas diligencias previas sirven para esclarecer las causas de la muerte, determinar si se trata o no de un femicidio. También, identificar al presunto agresor e iniciar un proceso penal.

Penalistas coinciden que, si en este caso no se habría aplicado este protocolo, la muerte de Naomi se habría considerado un suicidio y la investigación previa se habría archivado.

Luigi García, abogado de la familia de la joven de 23 años, indicó a este Diario que el jueves solicitaron a la Fiscalía que autorice la exhumación del cadáver de la mujer para que se realice una nueva autopsia. Sin embargo, la defensa todavía no tiene una respuesta.“Hay inconsistencias en la teoría del suicidio”, dijo García. El jurista contó que una de esas inconsistencias es que el cuerpo de Naomi no fue hallado suspendido sino sobre un asiento junto a un televisor.

Ayer se conoció que la familia de la joven y el abogado García solicitaron que el caso lo maneje un fiscal de Quito, “para que exista transparencia e imparcialidad”. Sin embargo, la semana pasada, la Fiscalía dispuso que el expediente de investigación no la maneje un agente investigador de Manta, sino una fiscal especializada del Guayas, pues Juan Carlos Izquierdo trabaja en la Fiscalía de El Carmen, en Manabí.

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