Expolicía procesado por 30-S: 'El juicio destrozó mi vida familiar'
En 2014, Eduardo Mullo fue sentenciado a 12 años de prisión por tentativa de magnicidio en contra de Rafael Correa. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Eduardo Mullo tiene 45 años de edad. Nació el 19 de febrero de 1976, en Quito. Ingresó a la Policía Nacional en el año 2000.
En el 2014 fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de tentativa de magnicidio en contra del entonces presidente Rafael Correa, durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Siete años después de esa condena, Mullo fue declarado inocente junto con otros tres expolicías.
A continuación, su testimonio:
“El 24 de noviembre de este año volví a nacer. Ese día, un Tribunal de la Corte Nacional declaró que soy inocente. Ese día, los jueces ratificaron que Luis Guanotasig, Jesús Jetacama, Geovany Laso y yo jamás intentamos matar a Rafael Correa durante el 30-S.
Recuerdo con claridad el momento que escuché al Tribunal pronunciar la palabra inocentes. Sentí una felicidad que no se puede describir con palabras. Tenía un nudo en la garganta y comencé a llorar de la alegría.
En el 2013 fui recluido injustamente en la Cárcel 4 de Quito. Allí permanecí durante cinco años hasta que en el 2018 obtuve la prelibertad. Desde entonces, tenía la obligación de presentarme una vez al mes en ese centro carcelario.
El juicio que enfrenté destrozó mi vida familiar. A los cuatro años de estar encerrado, el matrimonio con mi esposa terminó. Estuve casado durante 20 años, pero ella tomó la decisión de dejarme. Dijo que ya no aguantaba la presión de ir a visitarme cada semana en la cárcel y someterse a las requisas.
Los días que pasé encerrado fueron muy duros. Solo esperaba que llegue el sábado para ver a mi familia. El día de visitas tenía cuatro horas para pasar con mis tres hijos 3, 12 y 15 años de edad y mis padres. En ese tiempo aprovechaba para abrazarlos, compartir algo de comer o simplemente escuchar las actividades que realizaban a diario, oír sus problemas y aconsejarles. Sin embrago, fue muy difícil no estar en los momentos que mis hijos más me necesitaban por estar encarcelado. Mientras estuve ahí traté de aprovechar mi tiempo en los talleres de tallado de madera.
Desde un principio manifesté que era inocente y así me mantuve. Nunca permití que mi dignidad se vea afectada. La Fiscalía no tuvo las pruebas suficientes para demostrar el delito. En el juicio no se tomó en cuenta las pericias que señalaban que no estaba armado. Incluso, un experto extranjero realizó una pericia de identidad humana que determinó que yo no estaba con uniforme durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010 y que tampoco tenía mi arma de dotación en ese momento.
Esas conclusiones servían para declararme inocente, pero no fueron tomadas en cuenta y junto con mis compañeros fuimos sentenciados, en el 2014, a 12 años de cárcel por el delito de intento de magnicidio contra el entonces presidente Rafael Correa.
En siete ocasiones las autoridades de ese entonces nos ofrecieron el indulto, pero no podíamos aceptar un delito que no cometimos. Recuerdo que el 2015, Rafael Correa fue en persona a la Cárcel 4. Ahí nos dijo que nuestra única salida era pedirle el indulto y que en una semana seríamos libres.
Mientras estuve encarcelado fue desesperante no poder pagar la educación de mis hijos ni tampoco poder ayudar económicamente a mi familia, sobre todo a mi madre. De la pena y el estrés, ella se enfermó de neuritis.
Cuando salí de prisión con prelibertad, tampoco pude conseguir un trabajo estable. Nadie quería contratarme por mis antecedentes judiciales.
Cuando se ejecutó la sentencia, en el 2016, la Policía me dio la baja. En ese entonces, tenía el grado de cabo primero y estaba próximo a ascender al rango de sargento segundo.
Ahora, con la declaratoria de inocencia, tengo previsto, junto con otros tres compañeros, presentar una acción legal en una unidad judicial de los Contencioso Administrativo. El objetivo es que un juez disponga nuestra reincorporación a la Policía Nacional. Queremos recuperar nuestra oportunidad de trabajar y lograr metas dentro de la institución policial.
No busco venganza contra las personas que me hicieron tanto daño a mí y mi familia. En mi corazón no hay espacio para la venganza. Pero si quiero que se haga justicia y que se investigue a jueces, fiscales y todas las personas que estuvieron involucradas en nuestra injusta condena.
Recuerdo que 16 de septiembre del 2019, a las 10:00, la Asociación Víctimas 30-S presentó una denuncia en la Fiscalía General contra el expresidente Rafael Correa y 15 personas más, entre ellos jueces nacionales y fiscales, por el presunto de delito de lesa humanidad y persecución política.
No descarto que un futuro pueda presentar una denuncia contra el Estado para obtener medidas de reparación por todo el daño ocasionado. También tengo previsto dar a conocer este caso en instancias internacionales”.
“La sentencia por intento de magnicidio fue injusticia. Acabó con mi vida familiar y laboral”.