El estado de excepción en cárceles priorizó el trabajo en seguridad
Policías y militares refuerzan la seguridad en la cárcel regional de Guayaquil. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO
Un mes después de que el presidente Lenín Moreno decretara el estado de excepción en el sistema carcelario, la mayoría de tareas ejecutadas han sido en temas de seguridad. Con esta medida, la intención es también reducir el hacinamiento, que actualmente bordea el 42%, y mejorar la infraestructura carcelaria.
Cuando ya ha transcurrido el 50% del tiempo establecido para esta medida, en estos dos últimos puntos solo se ha avanzado con el análisis de estrategias, planificación y revisión de las condiciones en que se hallan las prisiones.
Estos datos fueron entregados por la Dirección de Rehabilitación. Sus autoridades dicen que los centros de reclusión “tienen problemas muy profundos” y que “ni en un mes ni en dos meses se puede solucionar todo”. “Es un trabajo a corto, mediano y largo plazo”.
La Defensoría del Pueblo, que vigila la aplicación de la emergencia, advierte que no se deben priorizar únicamente las tareas militares y policiales.
“Se ha quedado en la primera etapa, es decir, en tratar de garantizar la seguridad. Pero no es un problema que se va a resolver solo con eso”, advierte el defensor Freddy Carrión.
De hecho, a partir del 27 de mayo, cuando se emitió el Decreto 754 y se fijaron los parámetros del estado de excepción, los soldados recibieron la orden y comenzaron a trabajar especialmente en los centros de rehabilitación de Cotopaxi, Guayas, Turi (Cuenca) y El Rodeo (Manabí).
La idea fue evitar el ingreso de armas, droga, celulares y alcohol. Para eso, los policías también apoyan a los guías.
Personal élite de la Policía Nacional fue asignado para vigilar a los 80 cabecillas aislados en pabellones especiales.
Pese a esas medidas, nueve presos han sido asesinados en dos cárceles de Guayaquil dentro del estado de excepción, y el último crimen se perpetró luego de tomar como rehenes a elementos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).
Rehabilitación Social tiene previsto ejecutar al menos 12 proyectos para reducir la crisis, pero aún no hay fechas para llevarlas a cabo. Sus autoridades indican que todo dependerá del tiempo que tome, por ejemplo, la compra de cámaras de videovigilancia, de armas no letales para los guías, de escáneres que detecten armas de fuego y droga, etc.
Igual ocurre con los contratos para mejorar las áreas físicas que están en mal estado. El Gobierno ya entregó una parte de los USD 27 millones ofrecidos para estos proyectos.
La Defensoría del Pueblo dice que es urgente que en esta coyuntura de violencia entren a trabajar ministerios como el de Salud, de Educación e Inclusión Social, la Secretaría del Deporte, entre otros.
Estas instituciones, más los Ministerios de Trabajo y de Cultura, la Dirección de Rehabilitación Social y la Defensoría del Pueblo integran el denominadoOrganismo Técnico de Rehabilitación Social.
Según la Constitución (art. 202), esa instancia evaluará la eficacia de las políticas y administrará las cárceles del país. Pero desde que se decretó el estado de excepción, el organismo no se ha reunido.
El miércoles pasado, la Defensoría envió un oficio a la Presidencia de la República y pidió que se convocase a sus integrantes para “analizar la problemática del sistema penitenciario, la vigencia de la excepción y plantear mecanismos y alternativas de intervención”.
Luego dice: “Incluso se deberá considerar mantener sesión permanente del organismo técnico (...) Se debe incluir en la agenda la formación y capacitación penitenciaria para los aspirantes a guías”.
Un pedido para que se concrete la reunión ya se planteó al anterior director de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño, pero la cita no se concretó y él dejó el cargo el 31 de mayo.
El Ministerio de Educación dice que en este primer mes de excepción no se han implementado nuevas acciones y que su tarea es garantizar la permanencia y culminación de la educación para los presos.
La Secretaría del Deporte, en cambio, detalla que han mantenido sus actividades deportivas y recreativas para los privados de libertad; y que ayudan con instructores para estas tareas. Sus autoridades mantendrán mañana una reunión con la Dirección de Rehabilitación, para coordinar acciones.
