Una vez más, el presidente de la República, Guillermo Lasso, recurrió a otro estado de excepción en el intento por frenar la inseguridad. En total suman 11 en su mandato -que inició el 24 de mayo del 2021-, pero 10 de ellos son por la inseguridad.
El último decreto rige desde este domingo 2 de abril del 2023, en Guayaquil, Samborondón y Durán; y en las provincias de Los Ríos y Santa Elena. Al igual que los anteriores se da por el incremento de los índices de criminalidad, delincuencia organizada y violencia.
Según el artículo 164 de la Constitución, el Presidente de la República puede ordenar el estado de excepción por agresión, conflicto armado, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.
De los 11 estados de excepción, 10 se emitieron por “grave conmoción interna”, relacionados con la inseguridad. Únicamente el del 19 de marzo del 2023 fue para enfrentar los daños del terremoto y las lluvias.
La mayoría de los decretos se enfocaron en las provincias costeras de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Esas localidades han sido testigos de los más horrendos crímenes dentro de las cárceles y explosión de drones.
Asesinatos por todos lados, cuerpos colgados de un puente, vehículos bombas, asesinatos a policías y funcionarios públicos, sicariatos, delincuencia organizada, extorsionadores, secuestros y más.
Estados de excepción sin resultados
Para Wilmer Suárez, investigador universitario, los estados de excepción no han dado el efecto esperado. “Han sido muchos y paleativos, que se han quedado en la dermis, porque no han generado disminución de la criminalidad”.
Él dice que la criminalidad ha escalado tanto que en la actualidad Ecuador tiene una tasa sobre las 25 muertes violentas por cada 100 000 habitantes. Esto significa casi cuatro veces más de la media mundial que es de 6,7 homicidios.
El repunte de la violencia de formas hasta ahora inéditas, más allá de las cifras, es lo que más nos tiene en zozobra, dice la cuencana Mariela Cedeño. “Ya no sé que más tenemos que escuchar, ver o vivir”.
Los decretos emitidos en este Gobierno
- 29 de septiembre del 2021: estado de excepción por grave conmoción interna en los centros de privación de libertad, con vigencia para 60 días.
- 18 de octubre del 2021: estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional por el aumento de la actividad delictiva. Fue por 60 días.
- 18 de noviembre del 2021: renovación del estado de excepción por grave conmoción interna. Pero se focalizó en El Oro, Guayas, Pichincha, Sucumbíos, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. Este duró 30 días.
- El 28 de noviembre del 2021: renovación del estado en todos los centros carcelarios del país, tras el asesinato de 65 personas en la Penitenciaría del Litoral. Fue 30 días.
- 29 de abril del 2022: Estado de excepción por razones de seguridad ciudadana en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Manabí, por el desbordamiento de la actividad delictiva.
- 14 de agosto del 2022: estado de excepción por grave conmoción interna en los cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán, por 30 días.
- 1 de noviembre 2022: estado de excepción por grave conmoción interna Guayas y Esmeraldas, con vigencia de 45 días. Esto tras los ataques a policías, vehículos e infraestructuras.
- 4 de noviembre del 2022: amplió el estado de excepción en la provincia e Santo Domingo de los Tsáchilas, por los atentados y ataques del crimen organizado. Fue por 45 días
- 3 de marzo del 2023: estados de excepción en Esmeraldas por el incremento en los niveles de delincuencia organizada con una amplia capacidad de alcance a bienes y servicios ilícitos que han generado una escalada de violencia. Fue por 60 días
- 19 de marzo del 2023: estado de excepción sin restricción de derecho por las emergencias relacionadas con el terremoto y las lluvias. Rige en todo el territorio nacional por 60 días.
- 1 de abril 2023: estado de excepción en la zona 8 que comprende Guayaquil, Samborondón y Durán, y en las provincias de Santa Elena y los Ríos. Se busca para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado y la medida regirá por 60 días.
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