Ernesto Pazmiño: La rehabilitación en cárceles fue un fracaso
Al Centro de rehabilitación Social Regional Cotopaxi fue trasladado el exvicepresidente Jorge Glas. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO
Un “fracasado” sistema de rehabilitación Social y recomendaciones pendientes en materia de DD.HH. Eso dejó el Ministerio de Justicia, que hasta este lunes 14 de enero del 2019 funcionó como tal.
El pasado 14 de noviembre, el presidente Lenín Moreno dispuso, mediante el Decreto Ejecutivo 560, que esta dependencia del Estado se divida en Secretaría de Derechos Humanos y en Servicio Nacional de Atención a Adultos Detenidos y a Adolescentes Infractores.
Ahora, las dos entidades tienen autonomía administrativa y son independientes.
El manejo de las cárceles ocupaba el 90% del presupuesto, que era asignado al extinto Ministerio. En el 2018, en total se asignaron USD 131 millones.
En este año, el presupuesto disminuyó a USD 89 millones, pese a que debe ser repartido entre las dos nuevas entidades.
Ernesto Pazmiño, quien hasta este lunes se desempeñaba como Ministro de Justicia, ahora estará a cargo de las dos nuevas entidades, pero provisionalmente, hasta que se nombre a las autoridades definitivas.
En una entrevista con este Diario, el exministro aseguró que la “mayor carga” que tenía el Ministerio era justamente el tratamiento carcelario. Pero calificó como “un fracaso” al sistema de rehabilitación. “No existe un tratamiento adecuado”, manifestó.
En el 2018, las 36 cárceles que operan a escala nacional reportaron un hacinamiento del 38%.
Por ahora, está planificado trabajar en un nuevo programa de alimentación para los presos y ahorrar dinero. Actualmente se invierten USD 40 millones anuales, pero en marzo se contratará una nueva empresa que cobre menos por las tres comidas diarias para los 38 500 internos.
Los derechos humanos
El Ministerio de Justicia tenía otras tres misiones. La primera era garantizar el respeto y vigencia de los derechos humanos. Otra era cumplir con todas las recomendaciones que hacen las organizaciones internacionales que trabajan en este tema. En la parte de Cultos, “velaba por el respeto a las religiones”.
Ahora, la Secretaría de Derechos Humanos ejecutará las sentencias, medidas cautelares y resoluciones emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la erradicación de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, la protección a pueblos indígenas en aislamiento y el acceso a la justicia.
De hecho, desde el 2014, Justicia recibió 150 sugerencias de organismos internacionales que tienen que ver con procesos de reparación a ciudadanos afectados por el Estado. Según Pazmiño, “gran parte de ese número” no se han cumplido y desde la nueva Secretaría trabajarán en esos pedidos.
Los bienes del Ministerio
Por ahora también se ocuparán de la infraestructura que manejaba Justicia. La matriz funcionaba en un edificio en el norte de Quito y tenía ocho oficinas a escala nacional. A su cargo además estaba la infraestructura carcelaria.
Pero no se ha podido contabilizar el número total de bienes. Por eso, Pazmiño solicitó a la empresa pública Inmobiliar que hiciera un inventario para saber con exactitud la cantidad de bienes y la logística que manejaba el exministerio.
Lo que se sabía hasta el cierre de esa Cartera de Estado es que tenían a su disposición 160 vehículos que eran usados para la transportación de funcionarios o para trasladar a presos a las diligencias judiciales.
Las oficinas zonales
Estas oficinas trabajaban directamente en las cárceles. Ahora su tarea será direccionada al tratamiento de derechos humanos y a la aplicación de la ley contra la violencia a la mujer en las provincias donde tengan influencia.
En cambio, el manejo de los centros penitenciarios estará a cargo del personal en Quito.
Pazmiño dice que la idea de ese cambio es evitar la corrupción que se ha detectado en centros de Rehabilitación.
En las instalaciones del Ministerio Justicia trabajaban 3 200 personas y se planea disminuir esa planilla en un 10%.
La intención es “tecnificar las partidas”. Es decir, unificar tres partidas de asistentes y crear una para psicólogo.
La idea es crear un “cultura de ahorro” en las dos nuevas instituciones. Por eso también se distribuirá el personal dependiendo de las necesidades que tengan la Secretaría de DD.HH. y el Servicio de Rehabilitación. Los vehículos serán repartidos entre esos entes, aunque no se descarta devolverlos, ya que “no serán de utilidad”. Con eso se disminuirá el número de choferes que trabajaban en el Ministerio.
Los edificios provinciales donde funcionaba el Ministerio serán ocupados por la nueva Secretaría. En cambio, el Servicio de Rehabilitación ocupará solo un edificio, que actualmente funciona en el norte de Quito.
