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Una investigación penal por transacciones financieras no justificadas derivó en una sentencia condenatoria de privación de libertad en los tribunales nacionales. Los administradores de justicia impusieron una sanción de 10 años de reclusión a Mauro Andrés J. B. y Juan Martín R. G. tras comprobar su responsabilidad directa en el delito de lavado de activos en Ecuador, derivado del manejo no autorizado de dinero mediante criptoactivos y sistemas tecnológicos, este jueves 24 de septiembre de 2026.
La resolución judicial determinó que los ahora sentenciados blanquearon un monto aproximado de 3,6 millones de dólares provenientes de captaciones ilegales a través de negocios en entornos digitales.
Junto con la pena privativa de libertad, los magistrados ordenaron la imposición de una sanción económica correspondiente al triple del valor total objeto de la infracción, castigando el esquema de lavado de activos ejecutado por los autores del caso.
La etapa de juzgamiento comenzó formalmente el 4 de agosto de 2026 y demandó nueve jornadas de debate procesal, concluyendo de manera telemática la tarde del 24 de septiembre con el dictamen condenatorio.
La agente fiscal a cargo sustentó la acusación mediante la comparecencia de siete testigos y el aporte técnico de 10 peritos en marketing, finanzas y derecho, a los que se sumaron especialistas en video, audio, identificación humana, informática, inspección ocular y criminalística.
La causa penal se originó en febrero de 2023, sustentada en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el cual alertó la entrada de más de 24 millones de dólares sin justificación al sistema financiero nacional.
Para consolidar el expediente, la acusación recabó informes documentales remitidos por el Registro Civil, la Agencia Nacional de Tránsito, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio del Trabajo, la Bolsa de Valores, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías.
Aunque en abril de 2026 se emitió el auto de llamamiento a juicio contra 11 personas naturales y nueve personas jurídicas, el trámite judicial continúa suspendido para varios procesados que permanecen en condición de prófugos.
La misma medida de suspensión rige sobre las entidades mercantiles que carecen de representación legal designada para afrontar las audiencias en este proceso, cuya tipificación jurídica se fundamentó en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
❓ ¿A qué pena fueron sentenciados los procesados por lavado de activos en Ecuador?
A diez años de cárcel y una multa equivalente al triple del dinero lavado.
El Tribunal declaró autores directos a Mauro Andrés J. B. y Juan Martín R. G. por blanquear cerca de 3,6 millones de dólares.
❓ ¿Qué mecanismo emplearon los acusados para captar e ingresar el dinero?
Negocios digitales y operaciones con criptoactivos.
Los sentenciados captaban dinero ilícito a través de esquemas comerciales tecnológicos y activos virtuales.
❓ ¿Cuál fue el origen de la investigación penal sobre este caso?
Un reporte de la UAFE emitido en febrero de 2023.
El informe alertó transacciones inusuales e injustificadas que superaban los 24 millones de dólares en el sistema bancario.
❓ ¿Qué artículo del COIP tipifica y sanciona esta conducta penal?
El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Esta norma establece sanciones privativas de libertad de hasta trece años por lavado de activos.
❓ ¿Por qué la etapa de juicio está suspendida para los demás involucrados?
Porque varios procesados están prófugos y ciertas empresas carecen de representante legal.
En abril de 2026 se llamó a juicio a 11 personas naturales y 9 jurídicas, pero solo dos ciudadanos comparecieron a la etapa final de juzgamiento.
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