Con su dedo índice, el abogado César Castro accionaba la pantalla de una de las cinco computadoras táctiles instaladas en el pasillo principal del Palacio de Justicia, en el centro norte de Quito.
La adecuación de los equipos, que se hizo hace un año y medio, fue parte del plan para implementar un sistema computarizado en la Función Judicial.
Este objetivo también está entre las prioridades del actual Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT). Incluso el presidente de este organismo, Paulo Rodríguez, es especialista en informática y el pasado jueves anunció que el concurso de designación de los 21 jueces de la Corte Nacional será solo por Internet. Descartó el riesgo de que al usar el sistema digital se adulteren los documentos presentados.
En los juzgados que operan en el Palacio de Justicia, los jueces, secretarios y asistentes trabajan en computadoras con monitores planos o comunes. Los funcionarios ya no utilizan las viejas máquinas de escribir, aunque una de ellas aún permanece a un costado del escritorio de Guido Acuña, funcionario del Juzgado II de la Niñez. Dice que allí la conservan como un recuerdo.
Oswaldo Domínguez, presidente de la Comisión de Mejoramiento y Modernización del anterior Consejo de la Judicatura (CJ), explicó que los equipos táctiles se instalaron para “evitar el contacto de los usuarios y abogados con los jueces”. Pero Castro y su cliente, que el pasado viernes consultaban en las computadoras el avance de una causa de menores, coincidieron en que el sistema es lento y a veces las máquinas táctiles tampoco funcionan. Por eso, ellos prefieren informarse a través de la Internet.
El anterior CJ tenía previsto implementar el sistema informático en todo el país. Según el Boletín número 4 que el CJ difundió en septiembre del 2010, estaba planificado, por ejemplo, supervisar la instalación y configuración de tres redes informáticas en Pichincha, Esmeraldas, Morona, Chimborazo y 11 provincias más. Entre otras cosas, el plan contemplaba la instalación del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) en Orellana, Morona, Napo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena y Galápagos.
El presupuesto referencial para estos subproyectos en el 2010 fue de USD 4 743 018.
Oswaldo Domínguez señaló que el proceso quedó inconcluso. “En Azuay se avanzó un 80%, en Cañar 50%, Pichincha 40%, Tungurahua 60% e Imbabura 50%. Pero en la Costa no se avanzó ni el 10%”. El trabajo se priorizó a los juzgados civiles y faltan los juzgados penales.
Para William Chica, secretario del Juzgado II de Tránsito de Pichincha, una de las principales necesidades es que haya un sistema de conexión entre la Fiscalía, Defensoría Pública y la Judicatura. “Son quienes llevan el trámite procesal, los unos como investigadores y los otros como garantistas del proceso; por eso deben estar en contacto permanente”.
El funcionario judicial aseguró que al estar en red estos organismos podrán coordinar las actividades para que, por ejemplo, no haya audiencias fallidas. Agregó que por no disponer de una conexión informática a veces coincidían el día y la hora de audiencias en que debía participar un mismo perito. Esto hacía que no se realicen las diligencias judiciales.
Desde hace dos semanas, las tres instancias principales que participan en los procesos ya están interconectadas. Según Chica, esto permitirá que un fiscal, por ejemplo, conozca con anterioridad a qué tipo de audiencia deberá asistir y no se programen dos o más actividades para una misma hora.
Con la implementación de equipos computarizados empiezan a mejorar aspectos como la duración de las audiencias. Max Brito, auxiliar del Juzgado II de la Niñez y la Adolescencia, recordó que antes, cuando se utilizaban máquinas de escribir, se tardaba al menos una hora y media en cada audiencia porque se tenía que escribir hasta tres veces una misma página. Ahora solo se las imprime o se hacen copias.
No obstante, las rumas de papel y de carpetas con los expedientes no han desaparecido de los escritorios y estantes de la mayoría de oficinas.
Dentro del plan de computarización estaba previsto el escaneo de todos los expedientes, pero eso todavía está pendiente.
En medio de escritorios copados de carpetas, Miriam Gaviria, Vanessa Serrano junto con Brito insistieron en que aún falta mucho por mejorar. Ellos esperan que al menos se cumpla con el anuncio de digitalizar todos los archivos, pues su Juzgado mantiene procesos hasta de 1983.