Este 26 de agosto de 2024, se llevó a cabo la audiencia para recibir el testimonio anticipado de R.C.S., testigo protegido en el caso Purga. La fiscal general, Diana Salazar, estuvo presente durante la sesión, en la que se expuso información clave relacionada con las acciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE) en el contexto de la presunta delincuencia organizada.
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La audiencia se realizó de forma reservada para mantener el anonimato de los testigos protegidos que presentó la Fiscalía para este caso. En esta audiencia también se presentará la versión de otra persona involucrada en estas investigaciones.
Detalles del testimonio en el caso Purga
R.C.S., quien se desempeñó como Procuradora Judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, relató cómo se presentaron varias acciones de protección en Samborondón y Guayaquil para frenar la terminación unilateral de contratos que vinculaban al CEE.
Explicó que altos mandos de la institución apoyaron estas acciones y, pese a los intentos de revertir las decisiones, no lograron que las medidas cautelares cumplieran su objetivo en las instancias judiciales correspondientes.
Reuniones clave y decisiones institucionales
Durante su testimonio, R.C.S. también detalló las reuniones sostenidas en la Presidencia y el apoyo recibido por un jurista ecuatoriano de renombre.
Según la testigo, la asesoría jurídica proporcionada fue crucial para mantener operativa a la institución, aunque, finalmente, se encontraron con múltiples obstáculos legales. Asimismo, mencionó la importancia de la intervención de ciertos oficiales del CEE, quienes participaron activamente en la toma de decisiones para proteger los intereses de la institución ante la inminente extinción de su contrato.
Consideraron el testimonio de R.C.S. como fundamental para comprender el entramado de decisiones y acciones del CEE.
Participación en reuniones clave y decisiones posteriores
En su testimonio, R.C.S. relató la reunión celebrada el 21 de agosto de 2023 en el comando del CEE, donde participaron el Coronel Juan R., el Coronel Enrique M. y la testigo protegida. Durante esta reunión, debido a la presión de las autoridades, se sugirió la contratación de Tatiana V. Quien era una abogada con experiencia en litigio, para reforzar la defensa del CEE en los procesos judiciales pendientes.
Tomaron esta decisión basándose en la recomendación de Esteban Andrés Ch., quien veía la necesidad de fortalecer el equipo legal frente a la complejidad del caso.
La testigo también mencionó que, ante la inminente suscripción de contratos con EP Petroecuador, la presión sobre el Comandante del CEE, Juan Xavier R., fue en aumento. Esto llevó a la creación de una comisión de trabajo que viajó a Guayaquil para revisar el caso y definir la estrategia a seguir.
La comisión estuvo encabezada por el Coronel Enrique M., el tercer oficial más antiguo de la Institución, junto con R.C.S. y Esteban Andrés Ch., ambos procesados en la causa.
Finalmente, R.C.S. explicó que asumió la Dirección de Asesoría Jurídica del CEE el 1 de marzo de 2023, cuando se comenzaron a enfrentar las apelaciones presentadas por la Institución. Sin embargo, aclaró que la situación jurídica seguía siendo complicada, a pesar de los esfuerzos por revertir las decisiones desfavorables en los tribunales.
La Fiscalía General del Estado, con base en las declaraciones de la testigo protegida R.C.S. y los informes del expediente reservado del Spavt, ha solicitado la revisión de la medida de prisión preventiva para que se sustituya por presentación periódica en el caso Purga.
El juez ordenó el traslado de la procesada a otro centro de privación de libertad en Quito, con el fin de proteger la integridad de la testigo protegida, identificada como R. C. S. P. La revisión de la medida cautelar está programada para el 4 de septiembre de 2024, cuando se evaluará la situación
Segundo testimonio anticipado
El juez identificado como R.A.L.T., miembro de la Sala Penal de la Corte de Justicia de Guayas desde octubre de 2019, reveló que lo trasladaron el 9 de abril de 2023 a la Sala Especializada de la Familia de la misma corte. Según R.A.L.T., nunca estuvo de acuerdo con esta decisión administrativa, a pesar de contar con más de 10 años de experiencia en el ámbito judicial.
Durante su testimonio anticipado, el juez R.A.L.T. desmintió las acusaciones de su coprocesado Pablo M.A., quien alegó que su declaración ante la Corte Nacional de Justicia se dio bajo presiones. R.A.L.T. enfatizó que su testimonio fue libre y voluntario, asegurando que no recibió amenazas ni fue sometido a presiones de ningún tipo.
R.A.L.T. afirmó que existe una trama de delincuencia organizada dentro de la Función Judicial, liderada por Pablo M.A., Fabiola G. y Johann M.M. Estos individuos están procesados como autores en la causa en la que él también está involucrado, destacando la gravedad de las acusaciones en su contra.
Inquietudes sobre el traslado y arbitrariedad en la decisión
El juez R.A.L.T. mencionó que fue contactado por Fabiola G., quien lo llamó a su despacho en la Presidencia de la Corte Provincial para discutir su traslado. Durante esta conversación, ella le indicó que pronto conocería a la persona que ordenó su cambio de posición. Esta situación generó inquietudes en el juez, quien no había sido previamente informado ni consultado sobre esta decisión.
Posteriormente, R.A.L.T. conversó con su colega y amigo, el juez Johann M.M., sobre la orden de su traslado. Johann M.M. le dijo que no se preocupara, que sería apoyado, y que todo estaba bajo control.
Sin embargo, estas palabras no lograron disipar las dudas de R.A.L.T., quien consideraba que el traslado era arbitrario y sospechaba que su colega podría estar involucrado en la decisión administrativa que afectó su situación profesional.
El juez R.A.L.T. expresó su descontento al no permitirle llevar sus pertenencias de oficina al nuevo destino. Esto incluyó su escritorio, librero y otros artículos que pasaron a manos del juez Reinaldo C., lo que incrementó su malestar.R.A.L.T. señaló que lo trasladaron sin su consentimiento, lo que confirmó sus sospechas sobre la falta de transparencia y la posible arbitrariedad detrás de esta decisión.
Detalles de reuniones y movimientos administrativos
El juez protegido en el caso Purga reveló detalles sobre encuentros cruciales que involucraron a diversos funcionarios en Ecuador. Según su testimonio, Fabiola G. y otros participantes lo llevaron a reuniones, asegurándole que todos eran personas de confianza. Durante una de estas reuniones, se le pidió intervenir en un juicio contra el Banco del Pacífico, asegurando que su solicitud no era ilegal.
En un momento posterior, el testigo fue transferido administrativamente y luego se le solicitó gestionar un cambio de sala judicial, que fue aprobado rápidamente. Aunque no se le dieron detalles específicos sobre el motivo del cambio, el testigo expresó satisfacción por haber sido asignado a la Sala Civil. Estos testimonios forman parte del juicio anticipado en un caso que ha captado la atención pública en Ecuador.
Revelaciones y conflictos internos en el caso Purga
Durante las declaraciones en el caso Purga, el juez protegido expuso las tensiones y disputas internas que marcaron el desarrollo de los eventos. Señaló que Pablo M., uno de los procesados, trató de congraciarse con él, mencionando su poder en Guayaquil y su intención de destituir a dos jueces que no le favorecían en sus pretensiones.
Además, se mencionaron acciones específicas para asegurar favores dentro del sistema judicial. Según el testimonio, Pablo M. afirmó que se aseguraría de que su petición fuera atendida, ya que había proporcionado recursos económicos a ciertos funcionarios para garantizar su lealtad.
Finalmente, el testigo detalló cómo se le presentó la posibilidad de cambio en su asignación, explicando que el proceso se llevó a cabo con celeridad y sin su conocimiento pleno.