Este miércoles 7 de agosto, a las 08:00 se inició la audiencia de apelación de la prisión preventiva dictada en contra de la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola G. La audiencia también incluye a ocho personas investigadas por posible delincuencia organizada en el caso Purga.
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La audiencia comenzó con la presencia del fiscal General del Estado (s), Wilson Toainga. Los acusados buscan revertir la medida cautelar impuesta.
Hasta las 10:00, seis de los nueve solicitantes de apelación han intervenido. Los abogados de los procesados por posible delincuencia organizada solicitan la revocatoria de la prisión de sus clientes.
Contexto de la investigación
La expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola G., enfrenta cargos junto a ocho personas más. La acusación se centra en la posible participación en actividades de delincuencia organizada.
La audiencia de apelación es una etapa solicitada en el proceso judicial. Los acusados esperan que se revise la decisión de prisión preventiva tomada previamente.
Contexto del caso Purga
El caso Purga en Ecuador investiga una red de corrupción y delincuencia organizada que involucra a altos funcionarios judiciales y políticos. La Fiscalía General del Estado descubrió esta red durante la investigación del caso Metástasis, que reveló cómo la administración de justicia en la Corte Provincial del Guayas y otros organismos judiciales estaban influenciados por intereses ilegítimos, incluyendo el narcotráfico.
En marzo de 2024, la Fiscalía ejecutó órdenes de detención y allanamientos en varios lugares, incluyendo Samborondón y la Corte Provincial del Guayas. Entre los detenidos se encuentran Pablo Muentes, exasambleísta, y Fabiola G., expresidenta de la Corte de Guayas.
La red utilizaba su poder para obtener beneficios personales y facilitar actividades delictivas, como la apropiación fraudulenta de terrenos y la obtención de indemnizaciones millonarias mediante documentos falsos.
La investigación ha revelado que Muentes tenía una fuerte influencia en la selección de jueces y en la administración de justicia, lo que le permitió manipular fallos judiciales. Además, Mayra Salazar, quien trabajaba en la Corte y era cercana a Muentes, actuaba como operadora de la red y su testimonio ha sido clave para entender el funcionamiento del grupo delictivo.