Este lunes 2 de septiembre, en la Corte Nacional de Justicia, se desarrolló la audiencia de testimonio anticipado de un juez que se encuentra bajo el programa de protección a víctimas y testigos.
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La fiscal general Diana Salazar asistió a la audiencia y solicitó que el testigo fuera identificado como O.I.J.B., para garantizar la reserva de sus datos personales debido a la naturaleza de la información presentada.
O.I.J.B. mencionó, en su relato, que conoció a Lenin V. en 2010, cuando eran compañeros en la Universidad en Chimborazo.
Luego, en 2020, volvió a encontrarlo y empezó a colaborar con él en la entrega de documentos. En 2021, conoció a Javier A,. a través del conjunto musical del Colegio de Abogados. En 2022 le ofrecieron un puesto en el SNAI.
Detalles de una red de liberación ilegal de presos
El testigo explicó que, mientras trabajaba en el SNAI, comenzó a notar irregularidades en el manejo de garantías penitenciarias.
Lenin V., conocido en la cárcel de Cuenca, se mencionaba con frecuencia en conversaciones sobre boletas falsas para otorgar libertad a presos. Javier A., quien había trabajado en el SNAI, también estaba involucrado en este tipo de actividades.
Según el testimonio, Javier A. y Lenin V. cobraban entre 30 000 y 40 000 dólares por tramitar liberaciones ilegales. Los pagos se realizaban principalmente en efectivo, y solo en casos de emergencia, por transferencias muy pequeñas. La presión de miembros de organizaciones delictivas era constante cuando los trámites no avanzaban rápidamente.
Expansión de la red y nuevos implicados
O.I.J.B. también mencionó la participación de Banny M., juez de Portoviejo, en la liberación de Jorge Glas, y de Gina Z. en Montecristi, quienes recibieron pagos por estos procedimientos.
La red de liberación se extendió a cárceles en Cuenca, Loja, Azogues, Archidona, y otras ciudades, empleando tácticas como la falsificación de documentos médicos y la manipulación de códigos QR en boletas de libertad.
El testigo afirmó que algunos de los liberados eran personas con enfermedades crónicas cuyas certificaciones habían sido modificadas. En otros casos, se recurría a amenazas de acciones legales como habeas corpus para forzar la aceptación de boletas de libertad.
La red también incluía la liberación de personas condenadas por delitos graves, lo que aumentó la preocupación por la seguridad dentro de las cárceles.
Conclusiones y respuestas en la audiencia
Durante la audiencia, O.I.J.B. aceptó su culpabilidad en la medida que le correspondía y ofreció disculpas a las personas afectadas por las liberaciones ilegales de presos. Al concluir su exposición, el juez consultó a las partes procesales si tenían preguntas.
Uno de los abogados, Hugo Lara, solicitó interrogar al testigo protegido. Lara preguntó si le constaba que dos abogados jóvenes trabajaban para Lenin V., a lo que el testigo respondió que había conocido sobre esto a través de conversaciones y que sí sabía de las visitas de esos abogados.
