Destituyen a fiscal que no formuló cargos a sospechoso de trata de una menor en Pastaza

La menor peruana fue localizada en una comunidad fronteriza durante un operativo coordinado entre autoridades ecuatorianas y peruanas.

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El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó el 10 de septiembre de 2026 a la fiscal de Pastaza Kate Torres. La sanción se originó en su ausencia a la reinstalación de una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, convocada para el 4 de junio de 2025 dentro de una causa por violencia intrafamiliar.

La decisión ocurre mientras la Fiscalía General del Estado revisa otra actuación de Torres. El 8 de agosto de 2026, la institución anunció un proceso de control jurídico después de que la fiscal no formulara cargos ni procesara al presunto captor de una niña peruana de 10 años, rescatada un día antes en la comunidad Espejo, en Pastaza.

Una audiencia por violencia intrafamiliar

El Consejo de la Judicatura informó que el Pleno sancionó a la agente fiscal de Pastaza, identificada como Kate Torres, por no asistir a la reinstalación de una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio.

La diligencia correspondía a una causa por violencia intrafamiliar y debía reinstalarse el 4 de junio de 2025. La ausencia de la funcionaria derivó en el proceso disciplinario que concluyó con su destitución el 10 de septiembre de 2026.

Este expediente no guarda relación con el caso de la niña peruana. La investigación disciplinaria que la Fiscalía mantiene sobre Torres surgió por una decisión adoptada durante la audiencia de flagrancia del presunto captor.

El caso generó además un pronunciamiento del ministro del Interior, John Reimberg. El funcionario cuestionó que el sospechoso recuperara la libertad después de esa diligencia.

El rescate de la menor en la frontera amazónica

La actuación que ahora revisa la Fiscalía ocurrió después del rescate de una niña peruana de 10 años en la comunidad Espejo, en la provincia de Pastaza. El Bloque de Seguridad de Ecuador, junto con las Fuerzas Armadas peruanas, ejecutó el operativo el 7 de agosto de 2026 en una zona indígena de difícil acceso, ubicada en la frontera entre Ecuador y Perú.

Las autoridades identificaron a la menor como presunta víctima de trata de personas con fines de matrimonio servil y abuso sexual. La operación surgió de una investigación coordinada entre las Fiscalías de Ecuador y Perú y las Fuerzas Armadas peruanas.

Según las pesquisas, aproximadamente un mes antes habría ocurrido un intercambio transfronterizo de dos menores entre comunidades indígenas.

Durante la intervención, las autoridades aprehendieron a Santi Cuji Washinton Favio, de 50 años. El hombre quedó a órdenes de la autoridad competente. Sin embargo, después de la audiencia de flagrancia, recuperó la libertad.

La Fiscalía General del Estado comunicó el 8 de agosto que evaluaría lo actuado por Torres durante esa audiencia mediante un control jurídico. La revisión busca determinar cómo procedió la funcionaria después de que decidió no formular cargos contra el sospechoso.

La niña quedó bajo protección de las autoridades. Recibirá atención médica y psicológica, además de protección integral, con la coordinación de las autoridades ecuatorianas y consulares.

La destitución de Torres y el control jurídico responden, por tanto, a actuaciones diferentes. El primer proceso se relaciona con su inasistencia a una audiencia de una causa por violencia intrafamiliar. El segundo analiza su actuación en el caso del presunto captor de la menor peruana.

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