
La Fiscalía General del Estado inició un proceso de control jurídico sobre la actuación de la fiscal Kate Torres, en la provincia de Pastaza. La medida responde a que la funcionaria no formuló cargos ni procesó al presunto captor de una niña peruana de diez años rescatada en la comunidad Espejo.
El pronunciamiento ocurrió tras los reclamos del ministro del Interior, John Reimberg, quien denunció que el procesado quedó libre luego de la audiencia de flagrancia. La menor, víctima de trata de personas con fines de matrimonio servil y abuso sexual, fue liberada el 7 de agosto de 2026 en un operativo del Bloque de Seguridad de Ecuador junto a las Fuerzas Armadas peruanas. En la intervención, desarrollada en una zona de difícil acceso en la frontera, se detuvo a Santi Cuji Washinton Favio, de 50 años.
A través de un comunicado emitido el 8 de agosto de 2026, la institución indicó que se revisará lo actuado por la fiscal durante la audiencia.
De determinarse responsabilidad disciplinaria entre los servidores que intervinieron, se adoptarán las acciones correspondientes. Las investigaciones previas determinaron un intercambio transfronterizo de menores entre comunidades indígenas, ocurrido aproximadamente un mes antes de la intervención.
El operativo se desarrolló en la comunidad Espejo, provincia de Pastaza, una zona de difícil acceso en la frontera entre Ecuador y Perú.
La institución dispuso el inicio de un proceso de control jurídico para determinar posibles responsabilidades disciplinarias de los servidores que actuaron en la audiencia.
Santi Cuji Washinton Favio quedó en libertad debido a que la fiscal del caso no formuló cargos durante la audiencia de calificación de flagrancia.

