El CNE canceló a cinco organizaciones políticas nacionales
Caídas de árboles, inundaciones y siniestros de trán…
Alcalde y Reina de Quito ganan partida inaugural del…
Gobierno evalúa riesgos de nueva variante de coronav…
Conaie dice que no irá a diálogos sin resultados
Director y guía de la cárcel de Guayaquil, despedido…
Animada jornada de compras en Guayaquil por extensió…
Arte y artesanías en los corredores culturales

Militares y policías se unen en operativos antidelincuenciales

Operativo de seguridad en la avenida Maldonado, frente al centro comercial El Recreo, sur de Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

El uniformado abrió el capó y verificó el número de motor del automóvil que paró en la avenida Maldonado frente al centro comercial El Recreo, sur de Quito. Luego, revisó en el Sistema Integrado Informático de la Policía Nacional si el conductor tenía o no una orden de detención en su contra.

Al mismo tiempo, los agentes de tránsito le solicitaron la licencia y la matrícula para comprobar que esos documentos se encuentren en regla. Le pidieron que retirara los polarizados porque son prohibidos. “La situación de la inseguridad es terrible. Me tocó sacar manualmente las láminas de los vidrios polarizados, pero lo más importante es que los controles sean diarios”, dijo Brandon Oña.

El motociclista Javier Ormaza expresó que desde hace tiempo atrás hacían falta más operativos para garantizar la seguridad de quienes se movilizan en vehículos de dos ruedas. “Siempre estamos en peligro con tanta delincuencia”.

Un grupo de 35 policías y agentes de tránsito desplegó un operativo al mediodía del miércoles 20 de octubre como parte del trabajo que se realiza luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara el estado de excepción en el país.

Los uniformados colocaron conos naranjas sobre la avenida Maldonado y paraban a los carros y motocicletas. Revisaron documentos e inspeccionaron al interior de las cajuelas de los automotores, también en las cajas que portan los repartidores sobre sus espaldas.

Los ocupantes de los vehículos eran sometidos a cacheos. El coronel Marcelo Castillo, comandante del distrito Eloy Alfaro, informó que hasta las 13:00 de ayer únicamente se retiró a dos motocicletas en plataformas. “Cumplimos las disposiciones de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Orden Público, las instituciones garantes del orden trabajamos de forma conjunta para reducir los índices de violencia y delincuencia”.

De forma simultánea, dando cumplimiento al estado de excepción, militares se movilizaron en El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos para contrarrestar la inseguridad de forma conjunta con la Policía Nacional.

Dentro de sus competencias, los soldados solamente realizaron operaciones de controles de armas, municiones y explosivos, pues estos artefactos son utilizados para perpetrar asaltos violentos y homicidios. Ellos se encargan de este tipo de intervenciones desde hace años, pero con el estado de excepción se intensificará al doble el número de operaciones en las calles.

Desde muy temprano, autoridades municipales y de las fuerzas del orden se reunieron para organizar los operativos. El comandante policial del Distrito Metropolitano, general César Zapata, se reunió con la secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio, Daniela Valarezo y altos oficiales de las Fuerzas Armadas para coordinar las acciones.

Definieron que otro grupo de uniformados y militares se traslade al sector del mercado Las Cuadras, en Chillogallo, para realizar las intervenciones. Revisaron vehículos y sus ocupantes. Se informó además que, a escala nacional, para el estado de excepción y demás tareas de seguridad ciudadana, la Policía Nacional cuenta con 46 877 policías, 7 453 motos y 6 639 patrulleros.

Estos operativos han generado reacciones entre activistas de Derechos Humanos y abogados constitucionalistas. Por ejemplo, a través de un comunicado, los directivos de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) afirman que militarizar no solucionará los problemas de inseguridad ya que el decreto ejecutivo apenas tiene vigencia de 60 días.

Para Luis Ángel Saavedra, director ejecutivo de esa organización, el Gobierno no justifica la declaratoria de estado de excepción con informes o recomendaciones, sino con estadísticas que si bien demuestran un incremento de la violencia en los seis últimos años, no es una situación excepcional. No se analiza el contexto socio político que atraviesa el país. Además, “los soldados no tienen la formación para las tareas de seguridad interna”.

El constitucionalista Byron Palma asegura que las FF.AA. solamente tiene capacidad para actuar dentro de sus competencias en el control de armas y de apoyo a la Policía Nacional. “Los militares no pueden apresar personas ni realizar tareas investigativas. Ellos solo deben realizar apoyo operativo al control preventivo, no tienen capacidad reacción”. 

Suplementos digitales