La Defensoría del Pueblo realizó siete observaciones ante los pronunciamientos realizados por las autoridades sobre el incremento de la inseguridad, la tasa de asesinatos y, sobre todo, las propuestas relacionadas con el porte de armas como una medida para enfrentar la delincuencia.
Este pronunciamiento se emitió el 10 de octubre del 2021, luego de que la alcaldesa Cynthia Viteri pidiera que se promulgue una ley que permita a la gente estar armada con el objetivo de defenderse. Lo dijo en su discurso por los 201 años de Independencia de Guayaquil.
“Disparan dentro de centros comerciales, disparan en las esquinas, disparan en el centro de la ciudad (…), todos tenemos derechos pero quien mata con saña perdió su condición de humano (…) Demando que las leyes que cobijan a la delincuencia cambien: que quienes pasen los rigurosos exámenes a través del Ministerio de Defensa puedan portar armas como lo era antes”, expresó frente al presidente Guillermo Lasso.
La propuesta de la Alcaldesa tiene cuatro objetivos. Entre ellos, se permita el porte y tenencia de armas a quienes pasen rigurosos exámenes del Ministerio de Defensa; se muestre el rostro de los sospechosos y exige el certificado de antecedentes penales de ciudadanos extranjeros que deseen ingresar al país.
En el documento, el organismo exhorta a las autoridades nacionales y locales a que implementen las acciones necesarias para promover y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Se debe realizar un abordaje integral que apunte al ejercicio pleno de los derechos de las personas; “no solo una visión seguritista”.
En el segundo punto, la Defensoría señala que se deben apostar por políticas y programas educomunicacionales que garanticen los derechos humanos, en especial, a vivir en espacios libres de violencia y criminalidad. A esto se suma la no criminalización de la pobreza.
En el tercero se apela a formular y ejecutar una política integral dirigida a la protección del ser humano, mientras que en el cuarto punto se pide atender los problemas que se derivan de la desigualdad y pobreza.
En el quinto se solicita que no se incite a la ciudadanía al uso de armas para proveerse de una “falsa seguridad”.
Además, se explica que la Función Judicial debe promover la protección de las víctimas con medidas de reparación integral material e inmaterial.
Finalmente, la Defensoría pide que no se propongan ni se expidan medidas basadas en el populismo penal ni en teorías seguritistas sin enfoque en derechos humanos.
El organismo además mostró algunas cifras preocupantes sobre la situación del Ecuador.
En el 2021 se han producido 63 498 aprehensiones en el país. De las cuales, el 16% están relacionados a delitos contra la propiedad; el 14% relacionados a la producción o tráfico de drogas; el 7% al delito de violencia contra la mujer o miembros de la familia; 5% por contravenciones; el 2% delitos contra la integridad sexual y el 1% se vincula a delitos contra la inviolabilidad de la vida. El 20% de las aprehensiones se concentraron en Guayas. Los datos son de la Policía Nacional.
A esto se suma las condiciones de pobreza en el país. En la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), elaborada en diciembre de 2019 por el Instituto Nacional sobre Estadísticas y Censos (INEC), se registra que la pobreza por ingresos se incrementó a 25% en comparación al 23,2% de diciembre de 2018. Guayaquil es la ciudad con mayor incidencia, por lo que se debe aumentar el trabajo en estas localidades.
