Defensa de los detenidos en caso Montañita dice que no ha podido comunicarse con ellos
Joselito Argüello, quien representa a Eduardo R., aseguró que ha intentado comunicarse con el detenido, pero que no ha sido posible. Foto: Francisco Flores / EL COMERCIO
Los abogados que llevan la defensa de los detenidos dentro del proceso abierto por la muerte de dos turistas argentinas en el balneario de Montañita, en la provincia de Santa Elena, dijeron que no se han podido comunicar con sus defendidos.
Joselito Argüello, quien representa a Eduardo R., aseguró que ha intentado comunicarse con el detenido, pero que no ha sido posible.
Eduardo R., y Segundo P. permanecen con prisión preventiva en la cárcel regional Guayas, en Guayaquil, desde que la Fiscalía formuló cargos en su contra, el 1 de marzo.
Según el defensor de Eduardo R., el artículo 6 del Código Orgánico Integral Penal lo faculta a comunicarse con su cliente, porque este se halla con prisión preventiva, más no sentenciado.
Una situación similar señaló Héctor Vanegas, quien dijo ser abogado de Segundo P. Sostuvo que ni él, como defensor, ni la familia del detenido han tenido comunicación desde que fue trasladado a la cárcel de Guayaquil desde Santa Elena.
La madre de Segundo P. sostuvo que desconoce la condición de su hijo quien, según la Fiscalía, confesó la autoría de las dos muertes.
Tanto Argüello como Vanegas anunciaron, aunque por separado, que asignaron equipos de investigadores privados para recabar más datos para contratar las versiones de testigos y las evidencias recogidas por la Fiscalía. “Vamos a investigar si, efectivamente, detrás de la inculpación (de Segundo P.) hubo presiones”, indicó Vanegas.
La Fiscalía tiene 90 días, desde el 1 de marzo, para reunir elementos que determinen la posible culpabilidad de los detenidos en los crímenes.
Además de tomar las versiones de más testigos, el fiscal Juan Pablo Arévalo, quien lleva el proceso, deberá fijar fecha para la diligencia de reconstrucción de los hechos. Esa diligencia, que todavía no tiene fecha, tendrá el apoyo de peritos de Colombia, según adelantó el pasado jueves 3 de marzo el fiscal general Galo Chiriboga.
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