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Corte Interamericana de Derechos Humanos falla en contra de Ecuador y da la razón a familiares de Luis Guachalá

Luis Eduardo Guachalá Chimbo desapareció en 2004. Desde entonces su madre lo ha buscado. Foto: archivo / EL COMERCIO

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró a Ecuador como “responsable internacionalmente” dentro del caso Guachalá Chimbo.

La sentencia, notificada este miércoles 23 de junio del 2021, obliga al país a reparar a los familiares de Luis Eduardo Guachalá Chimbo, desaparecido en 2004 tras ser internado en un hospital psquiátrico.

La Corte ordenó al Estado a cumplir con 14 medidas de reparación entre las que están: investigar, determinar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables de este caso de violación a los derechos humanos.

Entre las medidas que deberá cumplir Ecuador están determinar el paradero de Luis Guachalá, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, regular la obligación de brindar apoyo a las personas con discapacidad para que ellas puedan dar su consentimiento informado a tratamientos médicos, diseñar una publicación o cartilla que desarrolle en forma sintética, clara, accesible y de lectura fácil los derechos de las personas con discapacidad al recibir atención médica, entre otros.

La sentencia también ordena el pago de USD 7 000 a la madre de Luis Eduardo, Zoila Chimbo Jarro, y a su hermana Nancy Guachalá Chimbo, por concepto de gastos por tratamiento psicológico o psiquiátrico, así como por medicamentos y otros gastos conexos que puedan necesitar.

La Corte-IDH también determinó que la víctima, Luis Eduardo Guachalá, quien se encuentra desaparecida, debe ser compensada por concepto de daño inmaterial con USD 100 000. Este monto deberá ser entregado a su madre.

Además, determinó que tanto Zoila Chimbo y Nancy Guachalá se vieron afectadas como consecuencia de la desaparición de Luis Eduardo y estimó una compensación por USD 80 000 para la madre y USD 5 000 para la hermana por concepto de daño inmaterial al considerar que ambas “han experimentado grandes sufrimientos que repercutieron en sus proyectos de vida”.

A esto se suma USD 15 000 por concepto de daño emergente a favor de Zoila Chimbo.

El Tribunal que emitió el fallo concluyó que el Estado incumplió con sus obligaciones de iniciar de oficio y sin dilación una investigación sobre la desaparición, realizar una labor de búsqueda “seria, coordinada y sistemática de la presunta víctima”, investigar lo sucedido con la debida diligencia, garantizar un recurso de hábeas corpus efectivo para atender la desaparición de Guachalá Chimbo; investigar los hechos en un plazo razonable, y garantizar el derecho a conocer la verdad de estos familiares de la víctima desaparecida.

Luis Guachalá Chimbo, de 23 años, fue internado en el hospital psiquiátrico público Julio Endara en dos ocasiones debido a la epilepsia que padecía desde su infancia.

Luego de ser dado de alta en su primer internamiento, el 2 de julio de 2003, se le indicó que debía regresar a chequeos médicos y seguir con su tratamiento, lo que no fue posible debido a su situación económica.

El 10 de enero de 2004 fue internado nuevamente en el Hospital Julio Endara.

Su madre firmó la autorización de ingreso al hospital. Según las investigaciones que sirvieron para la sentencia de la Corte, él estuvo internado hasta el 17 de enero del 2004, día en el cual el informe de cambio de turno indica a las 15:30 horas que “abandona el hospital, se le busca, no se le encuentra”.

De acuerdo con su mamá, ella acudió al hospital para ver a su hijo al día siguiente, y allí un enfermero le indicó que su hijo “se había escapado del hospital” y que eso era “su problema”.

Desde ese día inició un proceso de búsqueda sin resultados por parte de sus familiares. Dentro de la sentencia se incluyen los problemas que tuvo la madre para acceder a los operadores de justicia para buscar a su hijo.

El expediente de este caso ingresó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006. Luego, en octubre del 2019, esa entidad emitió un informe y recomendó la reparación por “las violaciones de derechos humanos”. Dispuso medidas de compensación económica. Nada de eso se cumplió. En noviembre del 2020 la Corte Interamericana de DD.HH instaló una audiencia para abordar el tema.