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La Policía Nacional aprehendió a cinco ciudadanos extranjeros por su presunta participación en un robo a mano armada en el sector de San Isidro del Inca, en el norte de Quito. El procedimiento ocurrió este viernes 13 de noviembre de 2026, luego de que varios sujetos interceptaran a sus víctimas en los exteriores de un edificio y les sustrajeran dinero, joyas y artículos personales.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre el operativo en su cuenta de X. Según el reporte, cuatro individuos que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron a las víctimas y las amenazaron con armas de fuego para cometer el robo.
La Policía aprehendió a cinco personas por este caso. Las víctimas reconocieron a los sospechosos durante el procedimiento, según la información difundida por el ministro. Las autoridades no precisaron la nacionalidad de los ciudadanos extranjeros.
El hecho ocurrió en los exteriores de un edificio de San Isidro del Inca. De acuerdo con el relato de las víctimas, cuatro hombres llegaron en dos motocicletas y utilizaron armas de fuego para intimidarlas.
Los sujetos sustrajeron dinero en efectivo, joyas, teléfonos celulares, audífonos y documentos personales. La información oficial no detalla el monto del dinero ni el valor de los objetos que desaparecieron durante el asalto.
El procedimiento permitió reunir varios indicios relacionados con el caso. Entre ellos constan un revólver y seis cartuchos sin percutir, además de cuatro teléfonos celulares y cuatro artículos de oro.
Los agentes también encontraron una motocicleta y un vehículo. El reporte no especifica si estos automotores corresponden a los que utilizaron los presuntos responsables durante el asalto ni detalla la relación de cada uno con el hecho.
La presencia del revólver y de los cartuchos forma parte de los elementos que las autoridades incorporaron al procedimiento.
Tras el reconocimiento de las víctimas, la Policía trasladó a los cinco aprehendidos a la Fiscalía de Flagrancia para el trámite legal correspondiente.
La aprehensión constituye una actuación inicial dentro del proceso judicial y no equivale a una sentencia. La Fiscalía deberá conocer el caso y determinar las actuaciones correspondientes frente a la presunta participación de los sospechosos en el robo.