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La investigación sobre Luisa González se centra en un presunto caso de lavado de activos y tiene entre sus objetivos determinar el origen y destino de 500 000 dólares vinculados a presuntos gastos de financiamiento electoral, identificar quiénes intervinieron en la circulación de esos recursos y establecer la participación de personas naturales y jurídicas involucradas.
Según José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, la excandidata a presidencia de la república fue detenida por financiar su campaña presidencial 2023 con dinero “sin una justificación verificable, al margen de la ley”.
La Fiscalía sostiene como hipótesis que dinero en efectivo habría llegado desde Venezuela y que esos recursos se habrían utilizado para financiar la campaña presidencial de 2023 del binomio conformado por Luisa González y Andrés Arauz.
González y al menos otras ocho figuras vinculadas a la Revolución Ciudadana aparecerían en el alcance de esa línea de investigación, que también menciona al expresidente Rafael Correa.
La investigación plantea interrogantes sobre quién financió una campaña con cientos de miles de dólares en efectivo, cuál fue el origen de esos fondos y por qué no habrían sido declarados.
Según Neira, el 26 de junio de 2023 un cooperador de la investigación habría consultado mediante chat a un contacto identificado en su celular como “Aquiles Alvarez 1” sobre el presupuesto global de campaña.
La respuesta citada en el material investigativo señalaría un monto de 500 000 dólares, que, según el intercambio de esta conversación, estaría destinado a brigadistas, camisetas y otros gastos, con pagos realizados en efectivo.
“Estos mensajes forman parte de los elementos señalados para investigar la presunta participación de Aquiles Alvarez en el financiamiento y pago de gastos de campaña”, expresó Neira en su video. Este dinero habría provenido de la supuesta comercialización ilegal de hidrocarburos.
En el mismo video Ana Paula Patiño, directora general de la UAFE, indicó que el análisis financiero correspondiente al periodo comprendido entre 2020 y 2026 identificó varias operaciones inusuales relacionadas con la principal persona analizada.
Según lo investigado, más de 400 000 dólares en ingresos no tendrían una justificación identificada. Además, el 80 % de esos recursos se habría recibido en un periodo de dos meses mediante transferencias y depósitos en efectivo.
Patiño sostuvo que las operaciones fueron ordenadas por terceros sin una relación comercial, contractual o laboral que justificara las transacciones registradas en el sistema financiero nacional. “La mayoría de las operaciones habrían sido ordenadas por terceros de nacionalidad venezolana y colombiana”, señaló.
La funcionaria también indicó que se identificó una dinámica de intermediación financiera intrafamiliar, seguida de la conversión de fondos bancarizados en efectivo, mecanismo que podría dificultar la trazabilidad del origen y destino de los recursos.
Asimismo, señaló que se detectaron adquisiciones de bienes inmuebles procedentes de transacciones no justificadas y pagadas de contado.
La investigación también analiza posibles vínculos entre personas jurídicas relacionadas con el entramado societario de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil detenido en El Encuentro, y el financiamiento bajo investigación.
También se revisan denuncias sobre presuntas prácticas de financiamiento ilegal, cobro de diezmos a integrantes de organizaciones políticas y pago de coimas a proveedores y contratistas, así como posibles nexos con recursos de origen ilícito y estructuras del narcotráfico.
Además cuestionó su actividad laboral y sus viajes internacionales. “Creo que todos los meses se va a Europa y hasta donde sé no es un país barato, y sobre todo para irse en primera clase… cómo se financia esto”.
En una entrevista radial este 23 de octubre, John Reimberg dijo que: “Luisa González tiene todo el derecho a defenderse, así como la Fiscalía debe tener todos los argumentos e indicios necesarios para que haya podido realizar una operación”.
Y añadió: “Hay algunos más que faltan, se que por hay uno que durante mucho tiempo ha estado saliendo del país a ver si ya le tocaba el allanamiento o no… luego se fue y no regresó (…) será cuestión de tiempo para que aquella persona que se fue del país venga a responder sobre el caso”.
Dos amotinamientos se registraron este jueves 22 de octubre de 2026 en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1 y en el Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha N.º 1, conocido como la cárcel de El Inca. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó ocho fallecidos y diez personas heridas.
Sobre esto Reimberg dijo: “Los únicos que hacen relajo son los compadres, y donde están los compadres: en la cárcel… entonces comienzan a alborotarnos las cárceles. Ni siquiera dejaron pasar un día para que no digan que por la operación que realizó la Fiscalía con Policía por la detención de Luisa González, que comenzaron a alterar las cárceles, pero los ecuatorianos ven lo que sucede“.
La Fiscalía investiga el origen y destino de 500 000 dólares que presuntamente se habrían utilizado para financiar la campaña presidencial de 2023 de Luisa González y Andrés Arauz.
La hipótesis fiscal apunta a que el dinero en efectivo habría llegado desde Venezuela y estaría relacionado con presuntas operaciones ilícitas. La investigación busca identificar a quienes intervinieron en la circulación de los recursos y determinar si existió lavado de activos.
Según José Julio Neira, un chat del 26 de junio de 2023 menciona un presupuesto de 500 000 dólares destinado a brigadistas, camisetas y otros gastos de campaña, con pagos en efectivo.
El intercambio habría ocurrido entre un cooperador de la investigación y un contacto identificado como “Aquiles Alvarez 1”. Según Neira, estos mensajes forman parte de los elementos que se analizan para establecer una posible participación de Alvarez en el financiamiento electoral. El dinero estaría presuntamente relacionado con la comercialización ilegal de hidrocarburos.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) identificó más de 400 000 dólares en ingresos cuya justificación no habría sido determinada, según Ana Paula Patiño, directora general de la entidad.
El análisis financiero abarca el período de 2020 a 2026. Según Patiño, el 80 % de esos recursos se habría recibido durante dos meses mediante transferencias y depósitos en efectivo. También se reportaron operaciones ordenadas por terceros, intermediación financiera intrafamiliar y compras de bienes inmuebles pagadas de contado.
La investigación examina posibles vínculos entre el financiamiento electoral, empresas relacionadas con el entramado societario de Aquiles Alvarez y presuntas operaciones con recursos de origen ilícito.
Entre las líneas mencionadas están posibles cobros de diezmos a integrantes de organizaciones políticas, pagos de coimas a proveedores y contratistas, y eventuales nexos con estructuras del narcotráfico. Estas hipótesis deben ser investigadas y comprobadas dentro del proceso judicial.
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que Luisa González tiene derecho a defenderse y que la Fiscalía debe contar con argumentos e indicios para sustentar sus actuaciones.
En una entrevista radial del 23 de octubre de 2026, Reimberg también se refirió a otras personas que, según dijo, podrían ser requeridas dentro de la investigación. Además, vinculó las alteraciones registradas en dos cárceles del país con la presencia de personas detenidas a las que calificó como relacionadas con el caso, aunque esa interpretación corresponde a sus declaraciones. El SNAI confirmó ocho fallecidos y diez heridos tras los amotinamientos del 22 de octubre en las cárceles de Cotopaxi y El Inca.
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