Lavado de activos, el delito que se investiga en el caso Laberinto contra Luisa González

La investigación por supuestoo lavado de activos contra Luisa González se centra en los aportes y gastos de la campaña de 2023.

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Luisa González fue detenida la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026 en Canuto, cantón Chone, en Manabí. La Fiscalía informó que, junto con la Policía, ejecutó órdenes de detención en Manabí y Pichincha contra tres personas investigadas por su presunta participación en lavado de activos. González fue trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil mientras se esperaba la audiencia de formulación de cargos.

El operativo corresponde al caso Laberinto. Según la Fiscalía, la investigación busca esclarecer presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto en publicidad de la campaña presidencial de 2023.

La Fiscalía señaló que indaga inconsistencias en los aportes y en el origen lícito de los recursos. En total, siete personas estarían bajo investigación; la Fiscalía anunció que formularía cargos contra las tres detenidas, pero la detención por sí sola no significa que ya exista una acusación probada ni una condena.

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¿Qué es el lavado de activos que involucra a Luisa González?

El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona conductas relacionadas con bienes de origen ilícito: tenerlos, transferirlos, administrarlos o usarlos; ocultar su procedencia; prestar el nombre propio o de una empresa; y realizar operaciones para darles apariencia de licitud.

La Fiscalía explica que el propósito del lavado es presentar como legales bienes que provienen de actividades ilícitas.

En el caso Laberinto, la investigación se enfoca en el origen y manejo de recursos relacionados con una campaña electoral. Eso no significa que una inconsistencia contable, por sí sola, pruebe lavado de activos: corresponde a la Fiscalía reunir elementos sobre el origen de los fondos y las conductas que atribuye a cada persona.

La revisión de las cuentas de campaña de 2023 por parte de autoridades electorales es parte del contexto del caso. Según información se observaron gastos de publicidad no declarados por 174 930 dólares y aportes por 6 400 dólares sin la documentación de respaldo requerida.

Los antecedentes y las reacciones sobre el caso Laberinto

Además de González, entre los investigados a Estefanía Molina Freire, quien habría manejado las cuentas de campaña, y al exjefe de campaña Santiago Díaz Asque. También se ha reportado que Andrés Arauz figura en documentos del caso. La Fiscalía no ha divulgado públicamente todos los detalles de la investigación ni la situación jurídica individual de cada persona.

El caso Laberinto aparece en un contexto de otras indagaciones sobre el financiamiento de esa campaña. En enero de 2026, la Fiscalía realizó diligencias por el caso Caja Chica, que investigaba una presunta entrada de dinero en efectivo desde Venezuela. Conviene mantener separados ambos expedientes y no presentar como probado en Laberinto lo que se indaga en Caja Chica.

Tras conocerse la detención, Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, y otros dirigentes del movimiento cuestionaron el procedimiento y denunciaron una supuesta persecución política. Rivadeneira sostuvo que los fondos de la campaña fueron reportados y que las sanciones electorales previas fueron pagadas.

Esas son declaraciones del movimiento; la Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre el origen de los recursos.

El COIP establece penas que varían según el monto de los activos y las circunstancias del delito: van de cinco a siete años en ciertos casos de menor cuantía y pueden llegar a 19 a 22 años en los supuestos más graves previstos en el artículo 317.

Estas penas solo se aplican si un tribunal determina responsabilidad penal. González y las demás personas investigadas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

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