Miembros de la Policía y Fiscalía allanaron este miércoles, 7 de septiembre de 2022, las oficinas de una empresa china que construyó la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Estas intervenciones se dieron como parte de la investigación por el presunto delito de cohecho, en el caso InaPapers. El objetivo fue recabar información sobre esa infracción penal.
La Fiscalía informó que se incautaron equipos electrónicos y documentación relacionada con ese proyecto hidroeléctrico en Ecuador.
Esa entidad también señaló que “el operativo efectuado, con apoyo de la Policía Nacional, es parte de las diligencias que Fiscalía continúa realizando en torno a esa investigación”.
Detalles del caso InaPapers
Este caso judicial estalló en 2019, cuando se conocieron supuestas irregularidades relacionadas con empresas offshore y con personas del entorno cercano al expresidente de la República Lenín Moreno.
Según las pesquisas ese ilícito se habría perpetrado entre el 2010 y 2018. Actualmente, esta causa se encuentra en la fase de investigació previa, es decir en la primera etapa del proceso penal. Aún no hay ninguna persona procesada.
En abril de 2019, el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, negó su participación en el caso InaPapers y aseguró que él no tiene ninguna relación con la adquisición de bienes con varias empresas offshore.
Diligencias similares
El allanamiento efectuado este 7 de septiembre, no es el primero que se realiza en relación con esta investigación de cohecho.
El 11 de febrero del 2022, la Fiscalía y Policía ejecutaron allanamientos en Quito y Guayaquil dentro del caso InaPapers.
Los agentes se incautaron de documentos y equipos electrónicos que contendrían información contable Esos datos habrían sido anteriormente negados a la Fiscalía.
¿Qué implica el delito de cohecho?
El cohecho se configura cuando “los servidores públicos reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficios económicos indebidos para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones”.
Ese delito es sancionado con cárcel de uno a siete años. Así lo establece el artículo 280 del Código Integral Penal (COIP).