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El asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, entra en una nueva fase judicial después de más de tres años de investigaciones. La resolución que el juez Giovanni Coloma adoptó el jueves 5 de noviembre de 2026 abre un nuevo escenario para los siete procesados por su supuesta participación en el crimen. Sin embargo, sus situaciones procesales son distintas y no todos podrán enfrentar esta etapa al mismo tiempo.
El jueves 5 de noviembre de 2026, el juez Giovanni Coloma dictó el auto de llamamiento a juicio contra Xavier Jordán, José Serrano, Daniel Salcedo, Ronny Aleaga, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’; Ángel Aguilar, alias ‘Lobo Menor’, y Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’.
Los siete enfrentan cargos por su supuesta participación como autores mediatos del asesinato. La Fiscalía les atribuye distintos niveles de intervención en la planificación, coordinación, dirección y financiamiento del ataque contra Villavicencio.
La resolución llegó después de 20 sesiones de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que se desarrollaron entre junio y agosto de 2026. Durante esas jornadas, la Fiscalía presentó 141 elementos de convicción generales y 220 individuales para sustentar su acusación.
El abogado penalista José Cárdenas explicó que, durante esta audiencia, el juez tenía dos alternativas: dictar un auto de llamamiento a juicio o un auto de sobreseimiento. La segunda opción correspondía si el magistrado consideraba que no existían elementos suficientes sobre el cometimiento del delito o la presunta responsabilidad de los procesados.
Coloma optó por el llamamiento a juicio al considerar que existen elementos suficientes sobre ambos aspectos. Con esta decisión, la causa pasa a la siguiente fase, en la que un tribunal penal de tres jueces resolverá la situación jurídica de los procesados.
La etapa de juzgamiento tendrá un desarrollo diferente para los siete procesados. El juez suspendió el juicio respecto de Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Wilmer Chavarría, quienes constan como prófugos de la justicia.
La razón es que la legislación no permite juzgar en ausencia a estas personas. Por ello, el proceso contra los tres permanecerá suspendido hasta que las autoridades logren su localización y captura.
Como parte de las disposiciones judiciales, el magistrado ordenó oficiar a Interpol para gestionar las alertas rojas internacionales. La medida busca facilitar su ubicación y detención para que comparezcan ante la justicia ecuatoriana.
José Cárdenas explicó que esta suspensión también tiene consecuencias sobre la prescripción de la acción penal. Según el abogado, mientras los procesados permanezcan prófugos, el tiempo de suspensión no se contabiliza para la prescripción de la acción penal en sus casos.
El proceso podrá continuar respecto de ellos cuando las autoridades logren su captura y comparezcan ante el tribunal.
La situación es distinta para José Serrano, Ángel Aguilar y Luis Arboleda. El juez ratificó la prisión preventiva contra los tres, por lo que el proceso podrá continuar respecto de ellos sin esperar la captura de los otros involucrados.
Serrano permanece recluido en la cárcel del Encuentro, tras su deportación desde Estados Unidos hacia Ecuador. En el caso de Aguilar y Arboleda, también se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva.
El abogado penalista Lenin Guerra explicó que, para las personas que permanecen en el país o cumplen prisión preventiva, la audiencia de juicio podrá desarrollarse una vez que el tribunal realice la convocatoria correspondiente.
Esto significa que la situación de los tres procesados no depende de que las autoridades localicen primero a Jordán, Aleaga y Chavarría. El juzgamiento podrá avanzar de manera independiente para quienes están a disposición de la justicia ecuatoriana.
El siguiente paso consiste en el sorteo del tribunal penal que conocerá la causa. Este organismo estará integrado por tres jueces, quienes tendrán a su cargo la resolución de la situación jurídica de los procesados.
Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía y las defensas presentarán sus argumentos y evacuarán las pruebas testimoniales, periciales y documentales. Los jueces analizarán los elementos de cargo y descargo para determinar si existe responsabilidad penal individual por el supuesto delito de asesinato.
Lenin Guerra explicó que esta etapa concluirá con una sentencia. El tribunal podrá ratificar el estado de inocencia de los procesados o emitir una condena, según la valoración de las pruebas.
En el caso de los tres prófugos, esta fase quedará pendiente hasta que comparezcan ante la justicia. Mientras tanto, el tribunal podrá avanzar con el juzgamiento de quienes permanecen localizados.
El auto de llamamiento a juicio del 5 de noviembre de 2026 no admite apelación, según explicó Lenin Guerra. El abogado señaló que no existe un mecanismo de impugnación contra esta resolución, por lo que el proceso continúa hacia la etapa de juzgamiento.
La situación cambia con la sentencia que emita el tribunal penal. Guerra precisó que esa decisión sí podrá apelarse ante una segunda instancia.
Por tanto, el llamamiento a juicio no representa una condena ni determina la responsabilidad penal de los siete procesados. La decisión del juez Giovanni Coloma permite que la acusación fiscal llegue a un tribunal, que deberá examinar las pruebas y los argumentos de las partes antes de resolver el caso.
El proceso busca establecer si las personas señaladas tuvieron participación en la planificación, coordinación, dirección y financiamiento del supuesto asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.
El juez Giovanni Coloma llamó a juicio a siete personas: Xavier Jordán, José Serrano, Daniel Salcedo, Ronny Aleaga, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’; Ángel Aguilar, alias ‘Lobo Menor’, y Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’.
Contexto: La resolución se dictó el jueves 5 de noviembre de 2026. La Fiscalía les atribuye distintos niveles de participación como autores mediatos en la planificación, coordinación, dirección y financiamiento del ataque contra Villavicencio.
Dictó un auto de llamamiento a juicio contra los siete procesados por su supuesta participación como autores mediatos del asesinato.
Contexto: La decisión llegó después de 20 sesiones de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrolladas entre junio y agosto de 2026. La Fiscalía presentó 141 elementos de convicción generales y 220 individuales.
Porque Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Wilmer Chavarría constan como prófugos de la justicia y el juez suspendió el juzgamiento en sus casos.
Contexto: La legislación ecuatoriana no permite juzgar en ausencia a estas personas. El proceso contra los tres podrá continuar cuando las autoridades logren localizarlos, capturarlos y conseguir que comparezcan ante la justicia.
Ordenó oficiar a Interpol para gestionar alertas rojas internacionales.
Contexto: La medida busca facilitar la ubicación y detención de Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Wilmer Chavarría, con el propósito de que comparezcan ante la justicia ecuatoriana.
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