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Escasez de jueces entre los factores de sobrepoblación carcelaria; 12 000 presos en hacinamiento

Cobo reconoció una profunda crisis en el sistema penitenciario y destacó que esta problemática "se debe abordar como una amenaza para el Estado". Foto: Tomada de la cuenta Twitter SNAI Ecuador

El objetivo fue analizar la situación carcelaria en el país. Las máximas autoridades del Estado que tienen relación con este tema se reunieron este miércoles 8 de septiembre del 2021 en la denominada Mesa de trabajo para tratar esta problemática. Lo hicieron en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el norte de Quito.

El Servicio de Rehabilitación Social (Snai), a cargo de los centros de rehabilitación, presentó datos. Ahí señaló que 12 000 presos son parte del hacinamiento que se registra en la actualidad. Las autoridades identificaron como uno de los factores para la sobrepoblación carcelaria la escasez de jueces de garantías penitenciarias que ayuden a evacuar los pedidos de beneficios penitenciarios como la prelibertad y el régimen semiabierto. En ambos casos, los sentenciados pueden cumplir parte de la pena fuera de la prisión cuando cumplen requisitos que garanticen que no son un peligro para la sociedad.

En un informe de la situación carcelaria que ya presentó el Snai en mayo pasado, se calculó que se requieren al menos USD 1,6 millones para procesar al menos 7 400 solicitudes de este tipo, que se encuentran represadas.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, destacó que desde el 2019 se encuentran trabajando jueces especializados para resolver pedidos para salir antes de la prisión. Ella destacó que la mayoría de los magistrados se encuentran en Guayas, Cotopaxi, Manabí y Azuay, en donde se concentran la población penitenciaria.

Maldonado también indicó que el Consejo expidió la Resolución 040 – 2021 para hacer un seguimiento y “evaluar el trabajo de los jueces especializados”. El Consejo de la Judicatura también prevé presentar los resultados de un estudio denominado Plan de Fortalecimiento e Implementación de las Unidades de Garantías Penitenciarias con el que se busca analizar la carga procesal de cada juez.

Durante el encuentro, la Defensoría Pública entregó al directo del Snai, Fausto Cobo, una propuesta de reformas al reglamento de rehabilitación social. Con ese documento se busca “agilitar los beneficios penitenciarios y optimizar la seguridad en los centros de privación de libertad”.

Abogados o representantes de privados de la libertad argumentan que hay poca celeridad en la entrega de los beneficios. Marco Jurado, quien trabaja en temas penitenciarios, indicó que hay casos que no se han resuelto desde hace más de un año. Otros son rechazados porque los documentos que solicitan caducan. “No es culpa del privado de la libertad, sino de las autoridades que no dan trámite. Pero todo regresa a cero”.

Tras la primera reunión entre las autoridades se instalaron tres mesas técnicas para identificar las necesidades de las cárceles y coordinar “acciones interinstitucionales” para elaborar un plan que permita hacer frente a la crisis carcelaria.

Solo en este año se han registrado tres grandes matanzas. En febrero se registraron 79 muertos, en julio 22 y el mes pasado seis. A esto se suman informes de inteligencia policial que advierten de una disputa interna por el control de las cárceles y las rutas de droga entre bandas rivales.

Cobo reconoció una profunda crisis en el sistema penitenciario y destacó que esta problemática “se debe abordar como una amenaza para el Estado”.

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