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En las cárceles aún se espera a las nuevas autoridades

Bajo la administración de Moreno se produjeron dos masacres. La primera ocurrió en agosto del año pasado en la que murieron 11 personas en la Penitenciaría del Litoral y la última, el 23 de febrero pasado, que dejó 79 presos muertos. Foto: ARCHIVO EL COMERCIO

La carta llegó a la Presidencia de la República el 23 de mayo del 2021. En el documento, el director de Rehabilitación (Snai), Edmundo Moncayo, presentó la disponibilidad al cargo. Pero hasta el momento, las cárceles siguen bajo la administración de las autoridades que ingresaron con Lenín Moreno

Moncayo señaló que está a la espera de la designación de su reemplazo

El art. 147 de la Constitución confiere al Mandatario la atribución de nombrar y remover los ministros y otros secretarios de Estado

El titular del Snai considera que deja una institución “en mejores condiciones” en comparación a cómo la recibió al inicio de su gestión, en junio del 2019.  

Detalla, por ejemplo, que el hacinamiento se redujo en un 10%. Datos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) indican que las cárceles del país tienen capacidad para 28 500 personas, pero se calcula que hay 38 000 detenidos; es decir, 33% de sobrepoblación

Añade que en el último mes se incorporaron 198 agentes penitenciarios y que las nuevas autoridades deben iniciar un nuevo proceso de selección para mejorar la seguridad en las prisiones. Hasta antes de la última incorporación había
1 460 celadores en el país.  

Para cumplir con los estándares internacionales se requieren al menos 4 300. 

Bajo la administración de Moreno se produjeron dos masacres. La primera ocurrió en agosto del año pasado en la que murieron 11 personas en la Penitenciaría del Litoral y la última, el 23 de febrero pasado, que dejó 79 presos muertos. 

El domingo último, ya con el nuevo Gobierno, se suscitó un nuevo hecho violento. En la cárcel de El Rodeo murió un preso y otros tres quedaron heridos. 

Para frenar la violencia, el Snai inició un proceso para cambiar de cárceles a los presos que pertenecen a bandas rivales. Además, se construyeron nuevos pabellones y se habilitó La Roca, un centro que dejó de funcionar en el 2014.