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En Ecuador ningún ciudadano puede colocar cámaras de seguridad en el espacio público, a menos que se solicite autorización al dueño de la infraestructura pública. Esa disposición está prevista en el Decreto Ejecutivo 214, firmado por el presidente Daniel Noboa en marzo de 2024.
Bajo esa norma, las cámaras de seguridad que no tienen autorización son desmontadas por la Policía y el Ejército, en coordinación con el ECU-911, que es la entidad de control de los sistemas de videovigilancia en Ecuador, según el Decreto 214.
Geovanny Rivera, director Nacional de Operaciones del ECU-911, informó que los equipos retirados estaban en postes de distribuidoras eléctricas, en semáforos y señaléticas de tránsito.
Rivera describió dos tipos de cámaras detectadas: las fijas y las domo de lente móvil. Una parte corresponde a modelos domésticos del mercado nacional, pero otro grupo incorpora tecnología más avanzada, con una cámara domo junto a tres, cuatro o cinco cámaras fijas alrededor. Estas últimas incluyen analítica de video y lectura de placas, según el vocero.
Una buena parte de esas cámaras apareció en semáforos de avenidas principales y en zonas comerciales, con un ángulo que no siempre correspondió a la ubicación de un negocio cercano, explicó Rivera.
Antes de un operativo, el organismo busca al propietario del equipo con apoyo de Policía Nacional y Fuerzas Armadas para solicitar el permiso de instalación. En caso de que no exista esa autorización, se la retira y se devuelve al dueño. El organismo ha recibido denuncias de ciudadanos que reportan cámaras instaladas frente a su vivienda sin conocer su origen ni su función.
Desde marzo de 2025 hasta el 2 de septiembre de 2026, el ECU911 retiró 1 324 cámaras del espacio público a escala nacional. Guayas, Los Ríos, Bolívar y El Oro concentraron el mayor número de retiros, según Rivera.
De las 1 324 cámaras retiradas, solo 83 propietarios reclamaron sus equipos durante o después del operativo. Esa cifra, según Rivera, representa menos del 1% del total intervenido.
Juan Carlos Paladines, director nacional del ECU-911, comentó el 27 de agosto de 2026 en una entrevista a Radio Forever que en uno de los últimos operativos de desmontaje de esos instrumentos se encontraron cámaras que se habían colocado de manera estratégica para visualizar la entrada y salida de los operativos que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía.
El funcionario también señaló que muchas de las cámaras de seguridad se usan para vacunar y extorsionar a la gente; y además, para controlar y sectorizar el microtráfico de drogas.
Rivera explicó el trámite que debe seguir un ciudadano antes de instalar una cámara fuera de su predio: pedir autorización a la empresa dueña del poste o de la infraestructura, ya sea una distribuidora eléctrica como CNEL o la Empresa Eléctrica Quito, o la estatal de telecomunicaciones CNT. A eso se suma un posible permiso municipal de uso de suelo.
En varios operativos, el ECU-911 consultó a las empresas públicas dueñas de la infraestructura y encontró que buena parte no tenía registro de las cámaras instaladas en sus postes. Rivera explicó que esas mismas empresas arriendan infraestructura a otras instituciones, incluidas compañías privadas de telecomunicaciones, que sí pagan un permiso de uso. Bajo esa misma lógica, dijo, cualquier persona que instale un dispositivo de videovigilancia en un poste debería contar con un documento equivalente.
El funcionario contó el caso de un conjunto habitacional en el sur de Quito, que grafica el procedimiento. Este conjunto instaló una cámara en el poste de enfrente, pero no tenía autorización y el ECU-911 la retiró. Cuando el administrador del conjunto reclamó la propiedad, el organismo le devolvió el equipo, con una condición: no podía reinstalarlo en el espacio público. Sin embargo, las cámaras que estaban en el cerramiento hacia la vereda permanecieron en su lugar, porque correspondían a la seguridad perimetral del predio, explicó Rivera.
Si los ciudadanos quieren monitorear lo que pasa alrededor de su vivienda o edificio pueden instalar un brazo que salga desde el predio hacia la calle, pero apuntando solo al perímetro, recomendó Rivera.
Además, el ECU-911 tiene otra competencias: realizar la interoperabilidad con los sistemas de videovigilancia que hay en el territorio ecuatoriano. Por el momento, esa obligación se cumple con los gobiernos seccionales y está en proceso para trabajar con el sector privado.
El director de Operaciones del ECU-911 informó que se mantiene la interoperabilidad con 55 gobiernos locales, entre ellos Quito, Guayaquil y Cuenca.
Con el sector privado el proceso avanza distinto: el organismo analiza los informes técnicos de varias empresas que solicitaron sumarse a la red. Los interesados son cadenas farmacéuticas, expendedoras de combustible y cadenas de ropa. Según Rivera, esos sistemas deben cumplir con varios requisitos técnicos; por ejemplo, grabaciones por 30 días y un alcance mínimo de zoom.
La interoperabilidad no entrega al ECU-911 acceso permanente a las cámaras privadas o municipales. El organismo, dice Rivera, toma el control del equipo bajo demanda, cuando recibe una alerta y no cuenta con cobertura propia en el punto de la emergencia. La grabación de 30 días permite revisar los minutos u horas previas a un incidente, incluso si la alerta no llegó a tiempo al sistema.
Esta nueva competencia ha permitido contar con las grabaciones de las cámaras privadas, de negocios o locales, para procesos judiciales, indica Rivera. Por eso, el ECU-911 mantiene un convenio con la Función Judicial para proporcionar material de videovigilancia privada a la Fiscalía o al Consejo de la Judicatura como parte de las investigaciones de los jueces y fiscales.
Las cámaras de seguridad que maneja el ECU-911
No, sin autorización de la empresa dueña del poste. El Decreto Ejecutivo 214, firmado por el presidente Daniel Noboa en marzo de 2024, establece que ningún ciudadano puede colocar cámaras de seguridad en el espacio público sin solicitar antes ese permiso. Geovanny Rivera, director Nacional de Operaciones del ECU-911, explicó que el trámite corresponde a la empresa dueña de la infraestructura, ya sea una distribuidora eléctrica como CNEL o la Empresa Eléctrica Quito, o la estatal de telecomunicaciones CNT. A eso se suma un posible permiso municipal de uso de suelo.
1 324 cámaras, entre marzo de 2025 y el 2 de septiembre de 2026. Según Rivera, esos equipos estaban instalados en postes de distribuidoras eléctricas, semáforos y señaléticas de tránsito. Guayas, Los Ríos, Bolívar y El Oro concentraron el mayor número de retiros. De ese total, solo 83 propietarios reclamaron sus equipos durante o después del operativo, lo que representa menos del 1% de las cámaras intervenidas.
La Policía y el Ejército, en coordinación con el ECU-911. El Decreto 214 designa al ECU-911 como la entidad de control de los sistemas de videovigilancia en el país. Antes de cada operativo, el organismo busca al propietario del equipo con apoyo de Policía Nacional y Fuerzas Armadas para solicitar el permiso de instalación. Si no existe esa autorización, la cámara se retira y queda a disposición del dueño, en caso de que este la reclame.
Sí, siempre que el equipo esté fijado dentro del predio y apunte solo al perímetro de la vivienda.
Rivera recomendó, para quienes quieren monitorear lo que pasa alrededor de su domicilio, instalar un brazo que salga desde el predio hacia la calle, sin ubicar la cámara en infraestructura pública como postes o semáforos. Como ejemplo, el funcionario citó el caso de un conjunto habitacional en el sur de Quito: las cámaras colocadas en el cerramiento hacia la vereda permanecieron en su lugar durante un operativo, porque correspondían a la seguridad perimetral del predio, mientras que la cámara instalada en el poste de enfrente, sin autorización, sí se retiró.
Para atender emergencias en tiempo real y como evidencia en procesos judiciales. El ECU-911 mantiene interoperabilidad con 55 gobiernos locales, entre ellos Quito, Guayaquil y Cuenca, y analiza solicitudes de empresas privadas como cadenas farmacéuticas, expendedoras de combustible y cadenas de ropa. El organismo toma el control de esas cámaras bajo demanda, cuando recibe una alerta y no cuenta con cobertura propia en el punto de la emergencia. Además, mantiene un convenio con la Función Judicial para entregar material de videovigilancia privada a la Fiscalía o al Consejo de la Judicatura como parte de investigaciones.
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