
El Gobierno Nacional anunció este lunes 10 de agosto de 2026 que asumirá el control del Centro de Cámaras del COE Metropolitano de Quito, actualmente a cargo del Municipio, para integrar el sistema de videovigilancia a las operaciones de la Policía Nacional.
Así lo ratificó el Presidente de la República, Daniel Noboa en un comunicado a través de la red socila X.
Tomamos el control de la videovigilancia de Quito para ponerla donde siempre debió estar: al servicio de la Policía Nacional y de la seguridad de los quiteños, no de redes de espionaje. https://t.co/xetBbVpcMX
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 10, 2026
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la decisión busca utilizar las cámaras directamente en las operaciones contra la delincuencia. El presidente Daniel Noboa respaldó la medida y aseguró que la videovigilancia será utilizada para proteger a los quiteños y no para crear “redes de espionaje”.
“Durante demasiado tiempo, el Centro de Cámaras del COE Metropolitano, a cargo del Municipio de Quito, no ha dado la respuesta que los ciudadanos necesitan”, sostuvo Reimberg.
HOY DAMOS UN PASO DECISIVO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD EN QUITO.
— John Reimberg (@JohnReimberg) August 10, 2026
Durante demasiado tiempo, el Centro de Cámaras del COE METROPOLITANO, a cargo del Municipio de Quito, no ha dado la respuesta que los ciudadanos necesitan.
Mientras el crimen se organiza y se mueve con… pic.twitter.com/nrwLDwrcwc
El Ministro del Interior explicó que el objetivo es que las cámaras permitan anticipar delitos, identificar sospechosos, seguir sus movimientos y facilitar capturas, en lugar de limitar su uso al registro de hechos ocurridos.
Reimberg también aseguró que los servicios relacionados con las cámaras contratados con Telconet se encuentran “fiados”. Con ese término se refirió a servicios que, según afirmó, permanecen sin regularizar desde enero de 2026.
“No se trata de competencias, protagonismos ni disputas políticas. Se trata de proteger vidas”, aseguró el funcionario.
El anuncio ocurre después de varias semanas de enfrentamientos entre el Gobierno y el Municipio de Quito por el manejo de la videovigilancia.
En junio, Reimberg denunció ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea una supuesta presencia de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en áreas relacionadas con las cámaras municipales.
También cuestionó la existencia de las denominadas “salas espejo”, mecanismos que permiten acceder remotamente a las imágenes. Según el ministro, estos sistemas podrían comprometer operaciones policiales y militares si información sobre agentes y controles llegara a organizaciones criminales.
El Municipio rechazó, como reseño este Medio, esas acusaciones y aseguró que fueron realizadas sin presentar pruebas. También negó que existan estructuras paralelas o salas espejo no autorizadas.
El Cabildo sostiene que el ECU 911, entidad del Gobierno Nacional, ya tiene acceso y control sobre las 632 cámaras municipales adquiridas entre 2016 y 2020. Los dispositivos son operados desde la Sala del COE Metropolitano, ubicada en el mismo edificio del ECU 911.
El alcalde Pabel Muñoz también ha defendido la cooperación del Municipio con la Policía y pidió al Gobierno dejar de “golpear” a Quito.
La decisión anunciada para Quito tiene un antecedente en Guayaquil. El Gobierno intervino anteriormente el sistema de videovigilancia de la empresa municipal Segura EP.
Posteriormente, las instituciones suscribieron un convenio para facilitar al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional la operación del sistema.
El Gobierno asumirá el control del Centro de Cámaras del COE Metropolitano para integrarlo a las operaciones de la Policía Nacional.
El presidente Daniel Noboa y el ministro del Interior, John Reimberg, anunciaron que la videovigilancia municipal será utilizada directamente para fortalecer los operativos contra la delincuencia.
632 cámaras municipales. El Municipio sostiene que estos dispositivos, adquiridos entre 2016 y 2020, ya pueden ser utilizados por el ECU 911 y son operados desde la Sala del COE Metropolitano, ubicada en el mismo edificio del sistema nacional de emergencias.
Para anticipar delitos, identificar sospechosos, seguir sus movimientos y facilitar capturas.
Reimberg sostiene que las cámaras deben convertirse en una herramienta operativa de la Policía y no limitarse a registrar hechos delictivos después de que ocurren.
Por cuestionamientos sobre el manejo, acceso y seguridad del sistema de videovigilancia.
El Gobierno ha denunciado supuestas irregularidades y posibles accesos remotos mediante “salas espejo”. El Municipio rechazó las acusaciones, aseguró que no se presentaron pruebas y negó la existencia de estructuras paralelas no autorizadas.
Sí, existe un antecedente en Guayaquil.
El Gobierno intervino anteriormente el sistema de videovigilancia de Segura EP. Posteriormente se firmó un convenio para permitir que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional operaran el sistema.