
El ECU 911 informó que 1 150 cámaras instaladas irregularmente fueron retiradas en Ecuador durante aproximadamente un año. Entre los equipos detectados constan dispositivos utilizados para observar los movimientos de las fuerzas de seguridad.
Los operativos se enfocan principalmente en cámaras colocadas sin autorización en bienes públicos, como postes de alumbrado. Las autoridades también examinan quién administra los sistemas, las zonas que registran y el uso de las imágenes.
Nueve intervenciones ejecutadas en Guayaquil permitieron desmontar al menos 200 dispositivos ubicados en diferentes sectores. Parte de estos equipos habría servido para vigilar zonas donde se realizaban procedimientos policiales.
Durante junio fueron retiradas 28 cámaras instaladas en postes de alumbrado público en La Florida. Otras 25 fueron desmontadas en la cooperativa Juan Montalvo, en el norte de la ciudad.
Las inspecciones también permitieron localizar sistemas equipados con megáfonos, reconocimiento facial y conexiones con centros de monitoreo. El control no se limita a la ubicación de las cámaras, sino que incluye sus características y la finalidad para la cual eran utilizadas.
El ECU 911 explicó que una persona puede instalar cámaras dentro de su propiedad. La irregularidad ocurre cuando los dispositivos ocupan bienes públicos sin contar con la autorización correspondiente.
El Decreto Ejecutivo 214, emitido en marzo de 2024, otorgó al ECU 911 competencias relacionadas con la regulación de la interoperabilidad de sistemas tecnológicos públicos y privados vinculados con la seguridad.
📍 #Guayaquil | Así se desarrolló el operativo liderado por el Director General del #ECU911, @JCPaladines, para retirar 75 cámaras de videovigilancia que operaban sin autorización en espacios públicos del norte de la ciudad.
— ECU 911 (@ECU911_) August 25, 2026
🤝 En articulación con @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR,… pic.twitter.com/8knFPfWkdP
Otra norma, el Decreto Ejecutivo 397 de septiembre de 2024, estableció disposiciones para que determinados sistemas de videovigilancia de instituciones públicas proporcionen acceso al ECU 911 bajo parámetros definidos.
Los propietarios de los dispositivos retirados disponen de 30 días para acreditar su pertenencia mediante documentos como una factura o una declaración juramentada. Hasta el 24 de agosto de 2026, 82 cámaras habían sido devueltas después de cumplir este procedimiento.
El control coincide con el debate de una Ley Orgánica de Regulación de Sistemas de Videovigilancia, propuesta que busca fijar reglas para la instalación, operación, acceso e interoperabilidad de estos equipos en Ecuador.
El ECU 911 informó que 1.150 cámaras instaladas irregularmente fueron retiradas en el país durante aproximadamente un año.
Los operativos se concentran principalmente en dispositivos colocados sin autorización en bienes públicos, como postes de alumbrado.
Entre los equipos detectados constan cámaras que habrían servido para observar los movimientos de las fuerzas de seguridad.
Las autoridades también encontraron sistemas con megáfonos, reconocimiento facial y conexiones con centros de monitoreo.
Al menos 200 dispositivos fueron desmontados en nueve intervenciones realizadas en distintos sectores de Guayaquil.
Solo en junio fueron retiradas 28 cámaras en La Florida y otras 25 en la cooperativa Juan Montalvo.
Una persona puede instalar cámaras dentro de su propiedad.
La irregularidad se produce cuando los dispositivos son colocados en bienes públicos sin contar con la autorización correspondiente.
Sí. Los propietarios tienen 30 días para demostrar que los equipos les pertenecen mediante documentos como una factura o una declaración juramentada.
Hasta el 24 de agosto de 2026, 82 cámaras habían sido devueltas después de cumplir con ese procedimiento.