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La audiencia de Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno y otros nueve sentenciados sobre la solicitud de suspensión condicional de la pena del caso Sinohydro, por supuesto cohecho, se reinstaló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la tarde de este lunes 7 de septiembre de 2026. David Meza, abogado del exmandatario, su cónyuge y hija, expuso los argumentos de cada uno para la aplicación de la medida.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a Lenín Moreno y otras 19 personas el pasado 28 de agosto, en el caso Sinohydro, por cohecho. De ellos, 12 solicitaron la suspensión condicional de la pena, incluido el exmandatario y sus familiares.
Los jueces los condenaron por cohecho tras determinar que fueron parte de una red de sobornos relacionados con el financiamiento de la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país.
Lenín Moreno, sus familiares y el resto de sentenciados que piden la suspensión condicional de la pena invocan el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (Coip) vigente cuando ocurrieron los hechos, como principal argumento para la suspensión de la pena.
Esa norma permite suspender la ejecución de una pena de cárcel si se cumplen ciertos requisitos, entre ellos, que la condena no supere los cinco años y que la persona sentenciada no tenga otra sentencia vigente ni un proceso en curso, ni haya sido beneficiada con una salida alternativa en otra causa.
Lenín Moreno recibió cinco años de prisión y una reparación por 58 026 dólares.
Además, del argumento de base, el abogado de Lenín Moreno, David Meza, sostuvo también que el exmandatario es un “ser humano de la tercera edad, de 73 años y con una discapacidad física permanente hace tres décadas”.
Meza también dijo que el pago de la reparación integral está garantizada con un certificado bancario de respaldo financiero y domicilio en territorio ecuatoriano, comprobante de pago con dirección de una casa avaluada en 233 284 dólares. Otro predio en Tena y certificado de expensas de su domicilio actual.
Meza también es defensa de la esposa de Moreno, Rocío González y su hija Irina Moreno González, condenadas a dos años y seis meses de prisión como cómplices.
Además, una reparación económica de 4 704 dólares en el caso de González y 156 000 dólares en el caso de Irina Moreno.
De González, el abogado también señaló que es una persona de tercera edad que cuida a una persona con discapacidad, en este caso, Lenín Moreno.
Meza ofreció pagar inmediatamente la reparación integral de Rocío González.
En el caso de Irina Moreno González, el abogado Meza señaló que tiene un esposo con discapacidad y es madre de dos menores de edad.
Para cubrir el monto de reparación integral, Meza presentó certificado de comprobante de pago del impuesto predial de un bien en Quito y otro bien en Tena por 148 000 dólares.
Además, notificó que la sentenciada vive en Florida, Estados Unidos.
Entre los otros sentenciados con la misma solicitud están: Conto Patiño, sus hijos Patricia y Juan Carlos, y los hermanos de Lenín Moreno: Edwin y Guillermo Moreno Garcés.
La edad fue uno de los argumentos en el caso de Conto Patiño, con 95 años; de Edwin Moreno, que “en una semana” cumplirá 65 años; y del otro hermano, Guillermo Moreno, según señalaron sus defensas.
Pasadas las 16:00, el juez de la CNJ, Manuel Cabrera, dispuso un receso para luego seguir con las exposiciones de la defensas del resto de solicitantes.
El fiscal general, Carlos Alarcón, rechazó las solicitudes de suspensión de la pena de los 12 sentenciados y defendió las pruebas presentada por Fiscalía contra cada uno.
Alarcón señaló que el análisis para la suspensión de la pena no puede limitarse solo al análisis de las normas y su vigencia, considerando la favorabilidad.
Además, que la modalidad y gravedad de la conducta de cada uno debe ser analizada desde las pruebas presentadas por la Fiscalía tanto para autores como cómplices.
Las defensas confunden la favorabilidad de la pena con la favorabilidad de los beneficios de ejecución. Además, que los peticionarios no cumplen con los requisitos establecidos en la norma, indicó Alarcón.
En este caso, la instrucción penal se inició en 2023 y ahí la suspensión de la pena para el delito de cohecho no aplicaba.
Alarcón concluyó solicitando que se rechace el pedido de suspensión de la pena.
Tras las réplicas, el juez Cabrera suspendió la audiencia y señaló que establecerá nueva fecha para la reinstalación y el anuncio de la decisión final.
Los jueces acogieron la tesis de la Fiscalía, que sostuvo que Sinohydro pagó unos 76 000 000 de dólares en sobornos que fueron canalizados a través de un entramado de empresas y distribuidos entre distintas personas, incluidos miembros de la familia del exmandatario.
Los hechos investigados se remontan a 2010, cuando Moreno ejercía de vicepresidente durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y, según los jueces, intervino desde su cargo en un “ámbito ajeno a su rectoría” para favorecer a la compañía china y, a cambio, su entorno familiar recibió beneficios, unas acusaciones que el exmandatario ha rechazado.
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