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La Corte Nacional de Justicia determinó la responsabilidad penal individual de los sentenciados por cohecho en el caso Sinohydro, tras comprobar más allá de toda duda razonable la existencia de una red estructurada para canalizar pagos ilícitos.
El fallo judicial emitido en Quito ratificó la culpabilidad del empresario Conto Patiño Martínez, y de familiares y de allegados directos del exvicepresidente Lenín Moreno, en el marco de la adjudicación y financiamiento del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
El Tribunal integrado por los magistrados Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga declaró culpable como autor directo a Conto Patiño Martínez.
La resolución demostró que el empresario controló entidades societarias, entre ellas la firma Comercial Recorsa, para receptar 76,18 millones de dólares transferidos por Sinohydro entre 2010 y 2017 bajo supuestas consultorías sin sustento económico, dinero que luego se distribuyó a funcionarios públicos e intermediarios.
Dentro del mismo esquema empresarial, la justicia dictaminó la culpabilidad de Xavier Macías Carmigniani en la estructura societaria y financiera por facilitar la recepción y dispersión de recursos, acreditándose transferencias por 3,4 millones de dólares hacia la compañía Espíritu Santo Holdings.
Asimismo, María Auxiliadora Patiño Herdoiza fue declarada cómplice por intervenir conscientemente en las compañías utilizadas para retribuir gestiones públicas, mientras que Juan Carlos Patiño y Manuel Ignacio Patiño fueron sentenciados como cómplices por participar en la administración y cobro de fondos ilícitos.
En el entorno familiar del expresidente, el Tribunal sentenció en calidad de cómplices a su cónyuge, Rocío González Navas, por canalizar un cheque de 1 568 dólares emitido por Comercial Recorsa, y a su hija, Irina Moreno González, tras recibir 52 000 dólares (40 000 dólares de Ginepri SA y 12 000 dólares de Recorsa).
También fueron declarados cómplices sus hermanos Edwin Moreno Garcés (quien percibió 217 000 dólares y coordinó cobros con terceros) y Guillermo Moreno Garcés (receptante de un cheque por 10 000 dólares), junto a su cuñada Marta González Navas por captar 15 000 dólares sin justificación comercial.
La resolución del Tribunal situó a Lenín Moreno como autor directo del delito de cohecho, señalando que utilizó su investidura en la Vicepresidencia para viabilizar el financiamiento de la obra, mientras la diligencia continuó para establecer los años de privación de libertad correspondientes a cada procesado.
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