Abdalá Bucaram asegura que la sentencia por el caso Pruebas Covid-19 será anulada

Bucaram anunció que presentará publicaciones atribuidas a un juez para sustentar sus cuestionamientos al proceso.

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Abdalá Bucaram anunció que apelará la sentencia que lo condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el caso Pruebas Covid-19. El expresidente sostuvo, tras conocer el fallo del 9 de septiembre de 2026, que la decisión judicial contiene nulidades y aseguró que presentará pruebas para demostrar sus cuestionamientos contra uno de los jueces que intervino en el proceso.

“La sentencia está totalmente nulitada”, afirmó Bucaram luego de que el Tribunal lo declarara culpable como colaborador en el caso. El exmandatario también aseguró que cuenta con 40 publicaciones de uno de los jueces en redes sociales, correspondientes a 2020, que, según dijo, evidenciarían una posición de animadversión contra su familia. Bucaram anunció que expondrá ese material en una rueda de prensa este jueves a la 13:00, en su casa.

Bucaram cuestiona al juez y anuncia las pruebas

El expresidente centró sus argumentos contra la actuación del juez ponente. Según afirmó, el magistrado tenía una posición adversa hacia él y debió excusarse del proceso. “En EE.UU. no se permitiría que un juez sea parte de una causa donde él odia al acusado”, sostuvo.

Bucaram también mencionó al juez Gandji y afirmó que su tesis, realizada en 2018, demostraría una supuesta cercanía con sus enemigos políticos Febres Cordero y Nebot. En sus declaraciones, además, lanzó cuestionamientos contra Guillermo Lasso y María Paula Romo.

En una publicación difundida después de la sentencia, Bucaram aseguró que el fallo será anulado. Escribió que cuenta con “40 tweets de uno de los jueces del año 2020” en los que, según él, el magistrado cuestionaba a su familia. A partir de ese material, sostuvo que el juez debía apartarse del caso.

El exmandatario también afirmó que decidió recibir el alta médica para acudir a la lectura de la sentencia, pese a su condición de salud. Señaló que esperaba el fallo para demostrar las supuestas nulidades del proceso.

El Tribunal dispuso nueve años y cuatro meses de privación de libertad para Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram. Además, estableció una multa de 20 salarios básicos para cada uno, en calidad de cómplices.

Bucaram calificó la jornada como “un día de gloria, de orgullo y de alegría para la familia Bucaram” y aseguró que el Gobierno no tuvo responsabilidad en el proceso. También defendió los cambios de clínica que precedieron a la lectura de la sentencia. Según explicó, las clínicas estaban cercadas por policías y militares.

El caso por las pruebas de Covid-19

Antes de conocer el fallo, Bucaram publicó una carta dirigida al país. En ella anunció que había solicitado el alta médica pese a señalar que enfrentaba un riesgo de muerte súbita y que registraba 13 000 arritmias ventriculares. También anticipó que la sentencia le permitiría defenderse y que expondría lo que calificó como irregularidades del proceso.

En esa carta, el expresidente afirmó que no existió injerencia gubernamental. También cuestionó a Guillermo Lasso y María Paula Romo y sostuvo que sus hijos acudirían ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar, según sus palabras, un nuevo atropello.

Bucaram además relacionó los cambios de hospital con una supuesta presión del poder judicial. Afirmó que esa situación afectó su derecho a recibir atención médica durante una crisis cardíaca.

La Fiscalía investigó presuntas irregularidades en la negociación de 21 000 pruebas rápidas para diagnosticar Covid-19 durante la pandemia. Las investigaciones ubicaron los hechos entre marzo y junio de 2020. Sin embargo, las actividades que, según la acusación, buscaban dar legitimidad a esas acciones se extendieron hasta octubre de ese año.

Según el dictamen acusatorio de Fiscalía, durante ese período se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos. La investigación también señaló la movilización de bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

De acuerdo con la acusación, agentes de la AMT habrían brindado seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. durante el traslado de las pruebas de diagnóstico hasta Guayaquil. Shy D. murió asesinado el 8 de agosto en la Penitenciaría del Litoral.

La Fiscalía ubicó las presuntas actividades ilícitas en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas. Según la investigación, estas acciones ocasionaron delitos contra el régimen económico de desarrollo y la fe pública.

Dos personas ya recibieron sentencia mediante procedimiento abreviado por este caso. Ellas aceptaron su responsabilidad en los hechos que les imputaron.

Bucaram, en cambio, sostiene que el proceso contiene nulidades y que la sentencia será anulada. Para respaldar esa afirmación, anunció que presentará públicamente las publicaciones que atribuye a uno de los jueces y que apelará la condena.

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