16 de enero de 2019 00:00

El nuevo Servicio comenzó a trabajar en el Sistema de Rehabilitación

La semana pasada, agentes ingresaron Centro de Rehabilitación del Guayas, luego del asesinato de un preso. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La semana pasada, agentes ingresaron Centro de Rehabilitación del Guayas, luego del asesinato de un preso. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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El reglamento del Sistema de Rehabilitación está en debate. La normativa, que regula las actividades de 38 500 presos a escala nacional, será reformada.

Una comisión especial trabaja en la modificación de los términos para contratar a la empresa que brindará el servicio de alimentación en los centros penitenciarios.

Ernesto Pazmiño, actual director de este Servicio, dijo haber detectado que los términos de los actuales contratos “inducen a que sea una sola compañía la que gane el concurso”. La idea de este cambio es permitir que más firmas participen con la posibilidad de proveer alimentos.

El último contrato que se firmó con la empresa le costó al Estado USD 17 millones.

Otra de las propuestas de Pazmiño es ‘regionalizar’ ese concurso, para “evitar el monopolio” de la comida.

Entre los cambios se analizan también los llamados beneficios penitenciarios. Allí entra la prelibertad a la que tienen acceso los presos que han cumplido el 40% de sus penas con el anterior Código Penal y el 60% exigido con la actual norma, que entró en vigencia en el 2014.

Según Pazmiño, no hay otro parámetro de medición que no sea el tiempo que ha pasado una persona en la cárcel.

Las nuevas autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad y a Adolescentes Infractores están a cargo de este proceso. Esta es una de las tareas en la que se trabaja, luego de que ayer comenzara a funcionar la dependencia.

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