El 21 de julio de 2022, La Asamblea Nacional aprobó con 75 votos en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, luego de que la Comisión de Relaciones Internacionales recomendó que se apruebe una nueva ley, pero se negó a este informe.
El Gobierno de Guillermo Lasso tiene la intención de objetar parcialmente, en vez de un veto total a la última reforma a la Ley Orgánica de Comunicación lo que provocó cierto rechazo por algunas organizaciones que defienden la libertad de expresión en el país.
Problemas con la Ley Orgánica de Comunicación
César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, comentó que esta ley significa retroceder hacia un régimen de censura y de autocensura como se estableció con la Ley Orgánica del correísmo entre el 2013 y 2017. Menciona que en ese periodo hubo cientos de sanciones a los medios de comunicación.
Ricaurte recuerda que la primera sanción fue una caricatura de Bonil y lo que se atribuye es que ese dibujo era falso, eso sería algo similar a lo que quieren introducir con esta reforma a la ley con el supuesto inexistente derecho a la verdad y el castigo a lo que un funcionario considerará que es falso.
Uno de los principales problemas que observa Ricaurte es el régimen de sanción, la generación de un nuevo poder sancionatorio en poder del Consejo de Comunicación y Defensoría de Pueblo en al menos una docena de artículos que han detectado que imponen sanciones a los medios de comunicación bajo figuras ambiguas como la información falsa y el derecho a la verdad.
“El principal efecto sería causar un esquema de censura y autocensura donde los medios dejen de publicar cosas por ser sancionados y la autoridad determine que están atentando contra la ley. El segundo efecto es la autocensura, ya que al ser castigado un medio comienza a dejar de publicar temas que pueden llevarlos a ser castigados”, explicó Ricaurte.
¿Qué cambios son los que más preocupan?
Ricaurte señala que el régimen de sanciones podría ser una de las cosas más nocivas. También mencionó que el papel que se le quiere dar a la Defensoría del Pueblo ya que es inconstitucional. De igual forma, indicó que es una ley que está sesgada a los medios privados pero los medios comunitarios también sufrirían las consecuencias de esta ley.