Municipio de Quito defiende una revisión técnica anual para buses y taxis con base en la Ley de Tránsito

Los vehículos del transporte público y comercial ya no tendrán que cumplir con dos revisiones técnicas sino una sola en el año. Foto: Archivo EL COMERCIO

Los vehículos del transporte público y comercial ya no tendrán que cumplir con dos revisiones técnicas sino una sola en el año.

Este cambio fue anunciado por el alcalde, Jorge Yunda, en un acto en la Tribuna del Sur, a donde llegaron taxistas agremiados en la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha para mostrarle su apoyo. 

"Cuenten conmigo que nunca he cerrado las puertas a ningún sector, para que todos podamos sentirnos representados, siempre estaré a su disposición", les dijo Yunda.  

Por su parte, Guillermo Abad, secretario de Movilidad, explicó que esta resolución (A97 2021) está respaldada por las reformas a la Ley de Tránsito, por lo que, desde este mes, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben cumplir con esa normativa. 

En el artículo 206 de dicha Ley se establece que “los vehículos que presten el servicio de transporte de transporte público y comercial se sujetarán a una revisión técnica que será un requisito previo para el otorgamiento de la matrícula”. 

Abad añadió que el Reglamento general de la Ley establecía que debía realizar al menos una revisión al año. Con base en estas disposiciones, Quito contaba con una ordenanza, en la cual se determinó la obligatoriedad para que ese tipo de automotores pasen por dos chequeos técnicos al año. 

Desde el 2007 había una normativa municipal, en la que se exigía que este tipo de vehículos debían pasar por dos revisiones al año.  

Pero, según añade el secretario de Movilidad, la Ley está por encima de una ordenanza capitalina y lo que hizo el Cabildo es cumplir con esta disposición legal.

Sin embargo, esta medida provocó la reacción de varios sectores, los cuales cuestionan que bajar a una sola revisión técnica vehicular es una acción política, con la que se busca apoyo en medio de la crisis que vive la Alcaldía después del proceso de remoción de Yunda. 

La exvicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón, escribió en su cuenta de Twitter: “La revisión técnica dos veces al año a taxis y buses tiene una razón: son vehículos que recorren muchos más kilómetros, ofrecen un servicio de transporte público y por tanto deben estar sujetos a estándares más rigurosos”. 

La también exconcejala durante la administración municipal pasada añadió: “Sin embargo, qué importa la seguridad ciudadana sino el poder”. 

En esa misma red social, el secretario de movilidad durante la administración de Augusto Barrera y exconcejal de Quito, Carlos Páez, escribió: “Debilitar la revisión técnica es un retroceso en seguridad vial y calidad del aire. Un taxi circula tres o cuatro veces más que un auto particular y eso obliga a mayor frecuencia del mantenimiento y el control. Rodas también lo hizo. Arriesgan la vida a cambio de apoyos”. 

En medio de estos cuestionamientos, Paco Velasco, presidente de la Unión de Operadoras de Taxis de Pichincha, entregó un reconocimiento a Yunda. Le dijo: “en vida hay que hacer notorio el agradecimiento, pues durante la pandemia el señor Alcalde contribuyó a los transportistas con el testeo de las pruebas y gracias a él estamos vivos”. 

Hay que recordar que el 10 de agosto pasado, sectores como la Cámara de Comercio de Quito y activistas políticos que se oponen a la gestión de Yunda marcharon hacia la Corte Constitucional para pedir que se pronuncie sobre la acción de protección que mantiene a Yunda en el cargo. Ese mismo día, los taxistas también se convocaron para apoyar a Yunda. 

Actualmente, la crisis en el interior del Municipio continúa. En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) están pendientes dos denuncias por infracción electoral en contra de Yunda. Esto por no haber cumplido con la sentencia que ratifico su remoción. 

Además, en la Corte Constitucional está en análisis la admisión de una acción extraordinaria de protección que fue solicitada por Santiago Guarderas para que se revise la decisión de la Corte Provincial de Pichincha que anuló el proceso de remoción.     

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