24 de August de 2011 00:01

‘El patrimonio es responsabilidad del Estado’

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Entrevista del día. Alberto Andino. Presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha.

¿Qué es lo que estamos conservando cuando un bien inmueble se declara como patrimonio?

El patrimonio edificado constituye parte de la historia de las ciudades. En ese sentido, el patrimonio identifica los hechos más relevantes de una etapa histórica del desarrollo de la ciudad. La declaración patrimonial establece que esa vivienda deja de ser únicamente de propiedad privada y su uso y destino pasa a ser un tema colectivo. Pero el cuidado de esos bienes y el costo que eso supone debe ser responsabilidad del Estado y no solo del propietario.

¿Cómo definir el buen uso del bien patrimonial?

Un bien patrimonial bien conservado incrementa su valor inmaterial y económico. Los valores históricos se convierten en valores económicos en función de su cuidado. Eso supone un trabajo conjunto entre la Municipalidad y los propietarios privados.

¿Cuál sería la alternativa para engranar ese trabajo?

Lo fundamental está en encontrar un modelo de gestión del patrimonio público-privado para proteger, desarrollar y repotenciar el patrimonio edificado privado. Aquí es importante diferenciar el patrimonio institucional y monumental del patrimonio de vivienda privada. En Quito se invirtieron alrededor de 500 millones en los últimos 20 años para la restauración de monumentos, iglesias, plazas, etc. Esos son bienes monumentales e institucionales. Pero el mayor patrimonio que tiene Quito está en las viviendas, que están en manos privadas. Ahí hay una contradicción en la Ley que no permite invertir fondos públicos en bienes privados. Y eso es lo que hay que modificar.

¿Cuáles son los efectos de ese impedimento?

Los propietarios tratan de sacar algún provecho convirtiendo el inmueble en un conventillo. En otros casos, los abandonan hasta que se destruyan para hacer otro tipo de intervención.

¿Y qué gana una persona cuando su vivienda es declarada como patrimonio?

En rigor, pasa a ser una propiedad compartida en cuanto al uso y destino del bien. Hay restricciones que obligan al propietario a resolver una serie de trámites antes de intervenir su casa. Pero estas normativas deben ir acompañadas del apoyo de las autoridades, para que se cumplan.

Pero el Municipio de Quito ha implementado varios proyectos para la restauración de bienes patrimoniales.

Los planes del Municipio son muy limitados en el valor (alrededor de USD 10 000). Eso sirve solo para mantener un bien y no para restaurarlo completamente.

Entonces, ¿cómo el dueño de una casa patrimonial puede financiar el mantenimiento y restauración de ese inmueble?

No se le puede exigir a un propietario que haga grandes inversiones en su vivienda a fondo perdido. Eso lo puede hacer el Estado. El Colegio de Arquitectos propuso un plan de rescate de la vivienda en el Centro Histórico, en el cual se debería crear un bono de vivienda patrimonial como un incentivo al propietario privado para la restauración. Además, el Municipio debería buscar un crédito de USD 300 millones para concretar el plan. La participación de expertos puede contribuir para mejorar el uso del bien patrimonial privado y que a su vez se convierta en un proyecto de inversión recuperable.

¿Cuáles serían las ventajas de ese plan?

Se hizo un cálculo de aproximadamente 1 500 viviendas, en el Centro Histórico, que requieren intervención. Son viviendas que están en abandono o convertidas en conventillos. De ahí podría salir una oferta de cerca de 5 000 unidades de vivienda. Así ganan el propietario y la institución que invierte en la repotenciación.

¿Quienes accederían a un plan de vivienda de este tipo?

Actualmente, hay una repotenciación de inmuebles que se destina a vivienda de clase alta. Esto desarrolla un proceso de especulación urbana en el Centro Histórico. Es importante lograr que quienes han vivido durante años en una casa permanezcan ahí. Por eso, los bonos deben articularse a una política social de recuperación de la vivienda.

¿Es decir, que los dueños y vecinos de esas casas sean parte del patrimonio?

Por supuesto. Es a ellos a quienes hay que entregar este beneficio de manera prioritaria. Un buen sistema de calificación del bono evitará que se expulse a los propietarios históricos. Quito todavía tiene un centro vivo y cualquier modelo de gestión debe evitar un proceso de expulsión de los actuales habitantes y comercios tradicionales de la ciudad.

¿Cuál sería la responsabilidad del Cabildo sobre esto?

El reto del Municipio es proponer una alternativa. El ex Fonsal tenía un presupuesto anual de USD 100 millones para inversión. Si decimos que son 5 000 unidades de vivienda que se pueden generar con la entrega de un bono de USD 10 000, hay que invertir 50 millones. Si esto se distribuye en un plan a cinco años, estamos hablando de destinar el 10% del presupuesto del Instituto Metropolitano de Patrimonio para apoyar el plan de rescate de la vivienda patrimonial.

¿Qué tan urgente es esta intervención?

Hay unas 100 viviendas que requieren de una intervención inmediata y que deberían declararse en emergencia.

¿POR QUÉ ESTÁ AQUÍ?

Su experiencia. Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias y experto en políticas urbanas y de vivienda.

Su punto de vista. Asegura que el reto del Municipio es proponer un modelo de gestión cooperativo para la repotenciación del patrimonio edificado privado.

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