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La justicia penal emitió una sanción carcelaria contra un ciudadano implicado en la quema provocada de vegetación en el oriente de la capital. La resolución determinó que el acusado es el autor directo de un incendio forestal en Quito, tras admitir durante la audiencia que utilizó líquidos acelerantes para prender fuego a la cobertura vegetal seca ubicada a un costado de la avenida Simón Bolívar.
Durante la audiencia, la jueza de Garantías Penales interrogó formalmente a Cristofer Abraham F. S.: “¿acepta usted haber cometido el delito?”, ante lo cual el procesado contestó afirmativamente.
A partir de esa admisión de culpabilidad, la autoridad judicial impuso una sentencia condenatoria de seis meses de privación de la libertad. El fallo emitido incluyó además la obligación de pagar una multa de 1 446 dólares, así como una reparación integral económica de 498,53 dólares a favor del Cuerpo de Bomberos de Quito.
Los hechos juzgados se suscitaron la mañana del 26 de agosto de 2026 en el sector de San José de Monjas, y el sospechoso fue detenido ese mismo día y permanecía en prisión preventiva, como se informó en este Medio en una nota periodística publicada el 27 de agosto de 2026.
Al rendir su testimonio dentro del proceso abreviado, el sentenciado aceptó haber esparcido un líquido inflamable sobre las hierbas y arbustos secos del terreno para prenderles fuego sin motivo alguno.
La emergencia demandó la intervención inmediata de los equipos de auxilio y socorro para evitar una mayor propagación sobre las laderas adyacentes a la vía rápida.
El juzgamiento se tramitó a través de la figura de procedimiento abreviado, mecanismo jurídico contemplado en el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta modalidad requiere la aceptación expresa de los hechos atribuidos y aplica únicamente para delitos con penas privativas de libertad de hasta 10 años, quedando fuera casos de secuestro, extorsión, delitos sexuales, violencia contra la mujer o el núcleo familiar, minería ilegal, abigeato violento, financiamiento terrorista o delincuencia organizada.
La tipificación por incendios forestales y de vegetación, regulada en el artículo 246 del COIP, establece penas de uno a tres años de cárcel; no obstante, la confesión habilitó la reducción a un tercio de la sanción mínima, conforme al artículo 636 de la misma normativa.
La acusación presentada por la fiscal de la causa se respaldó en peritajes técnicos y diligencias periciales especializadas. Entre las evidencias incorporadas al expediente constaron los informes de investigación e inspección de incendio forestal suscritos por el Cuerpo de Bomberos de Quito, junto con la pericia técnica de cuantificación del daño ambiental.
El expediente integró asimismo la denuncia formalizada por el Municipio de Quito y las versiones receptadas a lo largo de las indagaciones.
❓ ¿Qué pena recibió el implicado por causar un incendio forestal en Quito?
Seis meses de prisión, multa de 1 446 dólares y 498,53 dólares de reparación a los bomberos.
La condena fue emitida por un juzgado de Garantías Penales tras la confesión voluntaria del sospechoso.
❓ ¿Dónde y con qué material se inició el fuego en la vegetación?
En San José de Monjas, sobre la avenida Simón Bolívar, utilizando sustancias inflamables sobre la hierba seca.
El incidente se registró la mañana del 26 de agosto de 2026 y movilizó a brigadas de socorro.
❓ ¿Por qué la condena de prisión se fijó en seis meses?
El imputado admitió su autoría y se acogió a un procedimiento abreviado que redujo la pena mínima a un tercio.
El artículo 246 del COIP sanciona comúnmente los incendios forestales con condenas de uno a tres años de cárcel.
❓ ¿Qué entidad municipal recibirá una compensación económica por el siniestro?
El Cuerpo de Bomberos de Quito.
La resolución del tribunal estableció un rubro de 498,53 dólares por concepto de reparación integral de daños.
❓ ¿Cuáles fueron las pruebas técnicas expuestas en la diligencia?
Informes de inspección de bomberos, peritaje de daño ambiental y la denuncia del Municipio de Quito.
La fiscal del caso sustentó los informes periciales para corroborar la afectación provocada en el terreno.
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