Grafiteros dicen que se criminaliza la cultura 'hip hop' en Quito

Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Un vagón del Metro de Quito en Quitumbe fue grafiteado la madrugada del 9 de septiembre del 2018. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Como un “grupo de artistas criminalizado y perseguido” se calificó este 13 de marzo del 2019 el Colectivo Escritores de Graffiti, investigados por los hechos registrados la madrugada del 9 de septiembre del 2018, cuando guardias del Metro de Quito fueron amordazados por personas que grafitearon uno de los vagones, a menos de tres días de su arribo a la capital.

Su abogado, Iván Durasno, aseguró en rueda de prensa que se han vulnerado los “derechos, libertades y garantías” de los procesados y cuestionó que solo los tres sean señalados, cuando el Municipio de Quito informó inicialmente que 20 personas ingresaron a la estación de Quitumbe del Metro de Quito.

Según la defensa, Geovanny L., Javier G. y Andrés G. “acompañaron” a los que pintaron la unidad.

EL COMERCIO preguntó en la rueda de prensa: “Pero, ¿por qué fue necesario amordazar a los guardias del Metro de Quito?” Durasno respondió: “Sí. Efectivamente, quienes habían procedido en forma violenta, digamos así, son 20 personas que ingresan. Los tres señores que se encuentran aquí lo hacen asesorando cómo pintar el Metro, pero a los verdaderos violentos” no los procesan.

En la unidad del Metro de Quito grafiteada se leía la palabra 'Vandals' (vándalo). Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Según el abogado, sus defendidos fueron hasta Quitumbe para “tomar el grafiti a manera de protesta, de rebelarse ante el poder público, en este caso en la ciudad de Quito, ante el Alcalde y ante quien llevaba la batuta”.

Durasno asegura que hubo una promesa de “no presentar acusación particular y tenemos la acusación” y que se ofreció “no perseguir a los grafiteros que pertenecen a la cultura del 'hip-hop'”.

Mauro Durasno, otro de los abogados, sostuvo que “el arte no es un delito, ni siquiera es una contravención, es más bien identidad. Los compañeros pertenecen a un grupo vulnerable y están siendo estigmatizados”.

Por su lado, Álvaro L., uno de los procesados, relató que el allanamiento de la Policía a su casa asustó a su familia y vecinos. “He perdido mi trabajo, mis estudios se han visto afectados”.

El joven agregó que “nunca han visto nuestro lado humano, nuestras necesidades, que somos padres de familia y sí, tal vez fue error, pero no fue la forma de habernos tratado y procesado. Este es nuestro estilo de vida, nuestra expresión, nuestra cultura, la llevamos en el corazón y la vamos a expresar aunque estemos tras las rejas. No somos criminales, no somos corruptos (…) no somos algo que represente un daño a nuestra sociedad”.

Javier G., también vinculado al caso, sostuvo que “a los dos días que nos procesaron me llamaron del Municipio para decirme que me aprobaron un proyecto que yo ingresé para dar clases a niños, yo no soy un delincuente, soy artista, de esto vivo y no entiendo por qué si siendo una persona con estudios superiores no puedan razonar que somos culturas urbanas, no terroristas ni delincuentes”.

Geovanny L., Javier G. y Andrés G. se encuentran con medidas sustitutivas a la prisión preventiva; deben presentarse periódicamente ante una autoridad, dentro de una investigación por presunta intimidación, lesiones y daños a bienes públicos. La próxima semana habrá una audiencia judicial por el caso.

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