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Familia toma posesión de predio de la antigua estación de La Y

El sitio venía usándose como patio de retención vehicular por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). En el sitio aún se encuentran automotores. Foto: archivo / EL COMERCIO

“Lo que queremos es que el Municipio nos pague”. Este es el pedido de la familia que tomó posesión del predio donde funcionaba la estación norte del Trolebús, en el sector La Y, en Quito. 

Sobre el terreno de la av. 10 de Agosto y Juan Azcaray hay una orden de embargo desde el 2020 y fue notificada en junio del 2021. Un juez determinó esta acción dentro de un proceso legal relacionado con la llamada Solución Guayasamín.

Una fuente de la familia que ejecutó la acción, quien prefirió mantener la reserva de su identidad, indicó que los beneficiarios de la acción legal están cansados de esperar por el “pago justo” por concepto de una propiedad que fue expropiada, precisamente, como parte de la obra planteada en la administración de Mauricio Rodas. La acción de posesión se ejecutó el jueves, 9 de septiembre del 2021.

Como parte de la propuesta, que pretendía descongestionar el túnel Guayasamín, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) debía expropiar un terreno. Según el proceso legal, este se encontraba valorado en USD 86 378.

No obstante, los dueños del espacio apelaron y, como recuerda la fuente de la familia involucrada, un juez fijó el valor a cancelar en poco más de USD 3 millones.

El Municipio no ha cubierto ese monto. De ahí que la justicia definió el embargo de uno de los predios municipales a manera de garantía: la antigua estación de transporte.

Según la fuente de la familia, el Municipio no podrá acceder al predio hasta que acredite el valor total de la expropiación. Incluso habían contemplado el cobro de un arriendo.

El sitio venía usándose como patio de retención vehicular por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). En el sitio aún se encuentran automotores.

La concejala Mónica Sandoval aludió a que el precio definido por el terreno de la familia no está apegado a la realidad y que, incluso, tiene una zonificación relacionada a la protección de una quebrada.

Ella es enfática en que es un tema que requiere la atención de la Municipalidad y aludió a que en agosto propuso el tratamiento del tema en el Concejo Metropolitano y que la sesión no avanzó. La Alcaldía ya había interpuesto una acción extraordinaria de protección.

Sandoval, además, recordó que el paso siguiente al embargo es el remate y alerta de un nuevo riesgo: “Que se pague a precio de gallina con mal”.

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