
El tiroteo ocurrido la noche del 22 de julio de 2026, en las inmediaciones de una universidad de Cumbayá, reactivó el debate sobre el control del servicio de entregas a domicilio en Quito. La Policía descartó un supuesto secuestro y orientó la investigación hacia un intento de robo. En este contexto, la universidad informó que personas en motocicletas vinculadas a aplicaciones de delivery participaron en el hecho.
Mientras las investigaciones continúan, el Municipio de Quito mantiene en trámite una ordenanza que busca regular esta actividad desde julio de 2024.
El 10 de julio de 2024, el Concejo Metropolitano conoció en primer debate el proyecto de Ordenanza Reformatoria al Código Municipal para la Regulación y Control del Servicio de Entregas a Domicilio (Delivery).
La iniciativa busca fortalecer la seguridad ciudadana y vial mediante un registro oficial de los repartidores y de los vehículos que utilizan para esta actividad.
La concejala Analía Ledesma (ID) explicó que la ciudad necesita un catastro que permita identificar a quienes prestan este servicio. Según la propuesta, cada motocicleta contará con un permiso específico.
Además, se establece que el repartidor debe retirarse el casco al recoger el pedido y al momento de la entrega.
Durante el primer debate, varios concejales presentaron observaciones al proyecto.
La vicealcaldesa, María Fernana Racines (correísmo) sostuvo que la ordenanza no busca criminalizar la actividad económica, sino fortalecer la seguridad tanto para la ciudadanía como para los repartidores. Rubén Esteban Valencia, representante de la Organización Juventudes Quito, propuso incorporar programas permanentes de capacitación en seguridad vial y salud ocupacional.
El caso ocurrido en Cumbayá volvió a poner el tema en discusión. El 22 de julio, el ECU 911 recibió una alerta por un supuesto secuestro y una balacera cerca de una universidad.
Al día siguiente, se descartó la hipótesis inicial y se apuntó a un intento de robo contra un vehículo. La Policía levantó dos vainas percutidas durante las pericias.
Antes del tiroteo, el 9 de julio de 2026, el Municipio y representantes de empresas de delivery instalaron una mesa para fortalecer los controles y protocolos de seguridad.
Rodrigo Páez, director de Urbano Express, respaldó la creación de un sistema para registrar a los repartidores.
Carolina Andrade, secretaria de Seguridad, destacó que el control requiere colaboración entre Municipio, empresas y Policía Nacional.
Durante esta mesa, se difundieron datos relevantes: entre enero de 2025 y junio de 2026, se registraron 475 casos relacionados con servicios de delivery.
De estos, 139 casos (29,3%) correspondieron a delitos cometidos bajo la fachada del servicio. Los restantes 336 casos (70,7%) fueron repartidores víctimas durante su jornada laboral.
El proyecto permanece en trámite en el Concejo Metropolitano. El incidente en Cumbayá ha vuelto a situar en la agenda pública el debate sobre la regulación del servicio y los mecanismos necesarios para reforzar la seguridad en Quito.
El tiroteo ocurrido el 22 de julio de 2026 cerca de una universidad de Cumbayá reactivó el debate sobre la regulación del servicio de entregas a domicilio en Quito. La Policía descartó un supuesto secuestro y orientó la investigación hacia un intento de robo.
La universidad informó que personas en motocicletas vinculadas a aplicaciones de delivery participaron en el hecho, lo que volvió a poner bajo análisis los controles sobre esta actividad.
El Municipio de Quito mantiene en trámite una ordenanza que plantea crear un registro oficial de repartidores y motocicletas utilizadas para entregas a domicilio.
El proyecto fue conocido en primer debate por el Concejo Metropolitano el 10 de julio de 2024 y busca fortalecer la seguridad ciudadana y vial mediante la identificación de quienes prestan este servicio.
La propuesta establece requisitos como identificación personal, matrícula del vehículo, comprobante de servicio básico, certificado de no adeudar al Municipio, pago equivalente al 2,5% de un Salario Básico Unificado y licencia habilitada para conducir motocicletas.
Además, plantea medidas operativas como que los repartidores se retiren el casco al recoger y entregar pedidos para facilitar su identificación.
Entre enero de 2025 y junio de 2026 se registraron 475 casos relacionados con servicios de delivery. De ellos, 139 casos (29,3%) correspondieron a delitos cometidos bajo la fachada del servicio y 336 casos (70,7%) involucraron a repartidores como víctimas durante su jornada laboral.
Estos datos fueron presentados durante una mesa de trabajo entre el Municipio y empresas de delivery instalada el 9 de julio de 2026 para analizar controles y protocolos de seguridad.
La ordenanza todavía debe continuar su trámite dentro del Concejo Metropolitano antes de una eventual aprobación y aplicación.
El proyecto recibió observaciones durante el primer debate. Concejales y representantes del sector plantearon ajustes relacionados con seguridad vial, capacitación, identificación de repartidores y coordinación entre Municipio, empresas y Policía Nacional.