Catastro y regulación de delivery en Quito está otra vez en la mira tras hechos violentos
El Concejo Metropolitano de Quito ya trató una propuesta para realizar un catastro y regular el servicio de delivery en Quito.
En Quito, una vez más, se plantea desarrollar un catastro de quienes realizan el servicio de delivery. Sin embargo, no es la primera vez que el tema está sobre la mesa.
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Catastro del servicio de delivery en Quito
La tarde del 7 de enero de 2026, un guardia de seguridad privada murió tras un ataque armado en los alrededores del parque La Carolina, en el norte.
El crimen ocurrió entre la avenida 6 de Diciembre y la calle Irlanda. Según la Policía Nacional, la víctima recibió varios disparos al intentar repeler un asalto en una cafetería del sector.
De acuerdo con la investigación inicial, cuatro personas, que se movilizaban en dos motocicletas y simulaban realizar entregas a domicilio, llegaron al local con la intención de cometer un robo. Dispararon contra el guardia y huyeron.
Otro hecho violento
Esta semana, además, se conoció de otro suceso. Un supuesto repartidor asaltó una panadería en El Inca, en el norte de la urbe.
La persona se acercó a la caja y apuntó con una pistola al personal. No se sacó el casco en ningún momento. Sin embargo, se pudo distinguir el rostro a través de las imágenes que quedaron registradas a través de una cámara de seguridad.
El planteamiento de catastro
Ese mismo día, la concejala de Quito, Analía Ledesma, a través de su cuenta de X, refirió que tres hechos violentos, aparentemente, se han relacionado con “empleo de motos delivery”.
La funcionaria increpó al alcalde Pabel Muñoz: “¿Para cuándo?”. Ella mencionó que, en 2019, propuso una ordenanza para regular el servicio y “hasta hoy Quito vive en zozobra por la falta de una normativa que garantice control y seguridad”.
En los últimos días 3hechos violentos se han relacionado,aparentemente,al empleo de motos delivery
— Analía Ledesma García (@analialedesmaec) January 8, 2026
🆘@pabelml para cuando?Desde 2019 propuse una ordenanza para regular este servicio y hasta hoy #Quito vive en zozobra por la falta de una normativa que garantice control y seguridad
Una normativa que aún no se cristaliza
Ya en julio de 2025, el Concejo Metropolitano de Quito trató en primer debate el proyecto que busca regular y controlar el servicio de entregas a domicilio (delivery).
La propuesta incluyó los proyectos presentados por el alcalde Pabel Muñoz y la concejala Analía Ledesma.
En ese momento, Ledesma indicó que su planteamiento, principalmente, busca formar el registro de prestadores del servicio de delivery. Es decir, quienes están inscritos en dicha base pueden realizar la entrega a domicilio, se encuentren afiliados a una plataforma o no.
El registro implica que tanto personas como vehículos sean identificables para que los usuarios del servicio diferencien quienes tienen habilitación en la ciudad.
Algunas obligaciones que se plantearon
En el proyecto que llegó al Concejo se incluyó que para tramitar el permiso debían presentar la cédula de identidad o pasaporte, matrícula del vehículo, comprobante de servicio básico, certificado de no adeudar al Municipio y el pago de una tarifa anual.
Además del proceso de identificación y registro, los repartidos tendrían que cumplir con otras obligaciones, tales como:
- Portar las identificaciones en todo momento de la jornada.
- Quitarse el casco al momento de retirar y entregar los productos.
- Cumplir con las normas de tránsito y seguridad vial.
Pronunciamiento de la Cámara de Comercio
Desde la Cámara de Comercio de Quito se pronunciaron y, además de manifestar la solidaridad con los ciudadanos, trabajadores y negocios afectados por los recientes hechos de inseguridad, hicieron un llamado “urgente a las autoridades para fortalecer de inmediato las acciones de control y prevención que permitan frenar esta situación y recuperar la seguridad en las zonas afectadas”.
Acciones contra la inseguridad en Quito
El Municipio informó que, durante 2025, en Quito se ejecutaron más de 1 300 operativos de control que permitieron la incautación de 650 armas blancas, nueve de fuego y sustancias sujetas a fiscalización.
También reportó que se retuvieron más de 4 500 motocicletas por incumplimiento de la normativa. Los resultados se dieron en coordinación con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y entidades municipales.
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Según los datos de la entidad, la ciudad recauda cerca de 10 000 000 de dólares anuales por la tasa de seguridad. No obstante, se aseguró que el Municipio destina entre 11 000 000 y 13 000 000 a esta área.
A la par, se refirió que, entre 2023 y 2025, el aporte municipal a la Policía Nacional supera los 13 000 000 de dólares, con la entrega de 138 patrulleros y la repotenciación de 108 Unidades de Policía Comunitaria, además de otras dotaciones operativas.
- Informe externo: Delivery
