Repartidores motorizados exigen mejores condiciones de trabajo y esta es su realidad

Los repartidores motorizados realizaron un paro este viernes 30 de mayo para exigir mejores condiciones de trabajo.

Cruce verbal entre Ferdinan Álvarez y Ricardo Patiño en la Fiscalización

El 30 de mayo de 2025, cerca de 800 repartidores motorizados hicieron un paro en Quito. Se concentraron en los exteriores de una empresa transnacional, ubicada entre las calles Coruña y Bello Horizonte, en el norte de la ciudad. Allí, estacionaron sus motocicletas por horas en espera de una respuesta. Anunciaron que las protestas continuarán y que suspenderán por completo sus actividades el 1 de junio, Día del Niño, y el 5 de junio, durante un partido de la Selección de Ecuador.

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La realidad de los repartidores motorizados en Ecuador

Las movilizaciones forman parte de una serie de protestas iniciadas en 2019. Sus demandas incluyen un salario digno, afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cobertura ante siniestros de tránsito y transparencia en los algoritmos que definen ingresos, bloqueos y asignaciones.

Un estudio elaborado por la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec), junto con la firma EY, presentado en octubre de 2022, muestra que los repartidores que operan en plataformas digitales ganan, en promedio, más de 499 dólares mensuales si trabajan a tiempo completo. Esta cifra representa un 17 % más que el Salario Básico Unificado de ese año (425 dólares). Además, el 36 % de estos trabajadores supera los 600 dólares mensuales y el 12 % alcanza los 800.

Mientras tanto, el informe Fairwork Ecuador 2024 plantea una perspectiva distinta. Aunque reconoce que algunos ingresos superan el salario básico, advierte que las plataformas no garantizan una remuneración mínima por hora ni protecciones suficientes ante siniestros de tránsito.

Las evaluaciones indican que ninguna empresa alcanzó el puntaje máximo de 10, y que la mejor calificada obtuvo 5 puntos. Esta brecha refleja que los ingresos no corresponden con condiciones laborales adecuadas.

La secretaria de defensa jurídica del Frente de los Trabajadores de Plataformas del Ecuador (FrenApp), Carolina Hevia, coincide con esta visión. Asegura que desde 2021 impulsaron una propuesta legislativa para regular el trabajo en plataformas, sin éxito.

“Las empresas se escudan en que los trabajadores son sus propios jefes, pero no les dan derechos ni afiliación”, sostiene. Agrega que la falta de regulación permite contratos definidos por términos y condiciones no negociables.

Jornadas largas, dependencia económica y falta de derechos

Citec identificó que el 64 % de los repartidores trabaja más de ocho horas diarias y que muchos usan varias aplicaciones para aumentar sus ingresos. El 94% tiene personas que dependen de ellos y el 47% destina el dinero principalmente al hogar. Estas cifras muestran una alta carga económica y una dedicación extensa.

Fairwork resalta la ambigüedad contractual y la ausencia de mecanismos para presentar reclamos. Indica que no existen canales transparentes frente a decisiones algorítmicas como bloqueos o suspensiones, y que no se promueve la representación colectiva de los trabajadores. Se incumple, además, el derecho a una jornada máxima y a condiciones seguras.

Hevia denuncia que los repartidores no cuentan con seguro de salud ni cobertura ante siniestros de tránsito. “Desde FrenApp documentamos casos de compañeros que perdieron extremidades y no recibieron ningún tipo de compensación”, afirma. También señala que las mujeres trabajadoras de plataforma no acceden al seguro de maternidad y que muchas deben costear incluso la maleta y el uniforme exigidos por las empresas.

Inversión personal, riesgos y falta de regulación estatal

Ambos estudios coinciden en que los trabajadores asumen todos los costos operativos: transporte, teléfono, internet y equipo. Aunque valoran la autonomía, la falta de afiliación a la seguridad social y seguros médicos genera vulnerabilidad. Fairwork y la Defensoría del Pueblo coinciden en que los contratos no detallan obligaciones ni derechos, lo que impide exigir mejores condiciones.

El informe defensorial, correspondiente al trámite 110-2022, denuncia una “asimetría estructural” entre plataformas y trabajadores. Afirma que las plataformas trasladan los riesgos al repartidor, sin garantías de protección ante siniestros ni compensaciones. Documenta casos de trabajadores heridos que no recibieron apoyo, lo que vulnera los principios constitucionales del trabajo digno y la justicia social.

Hevia también indica que existe una práctica en la que personas con documentación ecuatoriana abren cuentas en plataformas y las arriendan a migrantes sin papeles, lo que genera un mercado negro de cuentas. Esto agrava la informalidad y expone a los repartidores a amenazas y sanciones. “Muchos de los que protestan fueron criminalizados por las mismas plataformas”, asegura.

Durante la pandemia, la Cepal reportó una caída del 51 % en la concurrencia a locales comerciales, lo que impulsó el uso de aplicaciones de entrega. Esto facilitó que muchas personas encuentren una fuente de ingresos, pero sin una normativa clara que regule sus condiciones laborales.

El modelo necesita ser regulado

El estudio de citec señala que el trabajo en plataformas digitales representa el 0,37 % del PIB ecuatoriano. No obstante, Fairwork insiste en que este crecimiento económico debe ir acompañado de condiciones laborales más justas. La Defensoría del Pueblo respalda esta postura y pide una intervención normativa inmediata para regular el sector.

EL COMERCIO intentó comunicarse con la empresa cuyos colaboradores realizaron la protesta del 30 de mayo. Se enviaron mensajes por redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas, pero no hubo respuesta. Finalmente, la compañía envió un mensaje en el que indicó: “Por el momento, no estamos dando entrevistas sobre el tema”.