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Tras el operativo municipal y policial ejecutado la madrugada del lunes 16 de noviembre de 2026 en el sector de El Ejido, que fue reportado por EL COMERCIO este mismo lunes, el propietario de la cafetería clausurada en Quito —donde se halló a 48 hombres semidesnudos en una presunta fiesta clandestina con encuentros sexuales— enfrenta dos frentes legales distintos: una investigación penal en flagrancia por el hallazgo de sustancias sujetas a fiscalización y un procedimiento administrativo sancionador por el presunto mal uso de los permisos municipales.
De acuerdo con los reportes policiales del procedimiento realizado en el interior de la cafetería clausurada en Quito, la aprehensión en flagrancia del propietario del local responde estrictamente al hallazgo de frascos con una sustancia catalogada sujeta a fiscalización identificada como “popper” (nitrito de amilo/isobutilo), una sustancia inhalable con efectos vasodilatadores inmediatos.
En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, la tenencia o tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización sin autorización constituye el delito penal que motiva la detención, al margen de las contravenciones municipales por el funcionamiento irregular del establecimiento.
Asimismo, según el Código Municipal de Quito, cuando una infracción administrativa reviste gravedad o indicios penales, el funcionario competente tiene la obligación de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía para su investigación y juzgamiento.
En el ámbito administrativo, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) colocó los sellos de clausura e inició un proceso sancionatorio contra la cafetería clausurada en Quito por el presunto uso indebido de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE).
Conforme al Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, constituye una infracción administrativa que un establecimiento realice una actividad económica distinta a la declarada en su permiso de funcionamiento —en este caso, supuestamente operar un espacio con cobro de entrada, habitaciones acondicionadas con camas y encuentros íntimos bajo la fachada de una cafetería—.
Según la escala vigente del Código Municipal, las sanciones por realizar una actividad distinta a la autorizada en la LUAE dependen de la categoría de impacto del establecimiento:
Para la cafetería clausurada en Quito, el reporte municipal precisó que la infracción administrativa podría derivar en una multa de hasta cuatro salarios básicos unificados: 1 928 dólares.
Dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) regulado por el Código Orgánico Administrativo (COA) y el Código Municipal, el propietario dispone de un plazo de 10 días término (días hábiles) tras la notificación inicial para presentar descargos y pruebas ante la AMC, antes de que un funcionario resolutor emita una resolución definitiva en el plazo de un mes tras el cierre de pruebas.
La normativa metropolitana establece además que la reincidencia dentro de un año calendario se sanciona con el doble de la multa impuesta, y una segunda reincidencia conlleva la solicitud de extinción definitiva de la LUAE.
Para levantar los sellos de clausura, el titular debe cancelar la sanción firme y subsanar la irregularidad; retirar los sellos sin autorización acarrea una multa adicional de entre dos y 20 SBU.
❓ ¿Qué delito penal se investiga en la cafetería clausurada en Quito en el sector de El Ejido?
Se investiga el presunto delito de tenencia o tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, debido al hallazgo de frascos de «popper» (nitrito de amilo/isobutilo) en el local.
De acuerdo con el apartado Delitos penales investigados en la cafetería clausurada en Quito, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la posesión o distribución no autorizada de estas sustancias, motivo por el cual la Policía Nacional aprehendió en flagrancia al dueño del establecimiento.
❓ ¿Qué infracción municipal cometió la cafetería clausurada en Quito?
El establecimiento incurrió en el presunto mal uso de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) al desarrollar una actividad distinta a la declarada.
Según se detalla en Infracciones municipales por mal uso de la LUAE, el Código Municipal prohíbe cambiar el giro de negocio autorizado; en este caso, el local tenía permisos de cafetería, pero operaba con cobro de entrada y habitaciones acondicionadas para encuentros íntimos.
❓ ¿De cuánto es la multa que puede recibir el dueño de la cafetería clausurada en Quito?
La sanción administrativa anunciada para este caso puede alcanzar hasta cuatro Remuneraciones Básicas Unificadas (RBU), equivalentes a USD 1 928 en 2026.
Conforme consta en el bloque Multas económicas y etapas del proceso administrativo, el Código Municipal fija multas de 1 a 4 RBU para negocios de Categoría I, de 5 a 8 RBU para Categoría II y de 9 a 15 RBU (hasta USD 7 230) para establecimientos de Categoría III.
❓ ¿Qué ocurre si el propietario rompe los sellos de clausura colocados por la AMC?
Retirar los sellos de clausura sin autorización oficial genera una multa compulsoria adicional que va desde las 2 RBU hasta las 20 RBU según la categoría del local y la reincidencia.
Como se indica en Plazos de defensa y consecuencias por reincidencia, para levantar legalmente la clausura impuesta como medida cautelar, el titular debe esperar la resolución del procedimiento, pagar la multa establecida y subsanar la irregularidad detectada.
❓ ¿Qué plazo tiene el dueño del local para presentar su defensa ante la Agencia Metropolitana de Control?
Una vez notificado el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, el propietario cuenta con 10 días término (días hábiles) para presentar sus descargos y pruebas.
Bajo la sección Plazos de defensa y consecuencias por reincidencia, se precisa que tras cumplirse el término probatorio, un funcionario resolutor independiente tiene un plazo de un mes para dictar la resolución final sobre la sanción económica o la clausura.