En el punto exacto donde la ola de lodo se desbordó de la quebrada El Tejado y bajó por La Comuna y La Gasca llevándose la vida de 28 personas aún hay huellas de la tragedia. 14 piedras enormes -algunas de más de dos metros y medio de alto- están regadas junto al embalse que el 31 de enero colapsó por la cantidad de material que bajó por la quebrada. En la fachada de algunas casas se puede ver la mancha que el alud dibujó a casi tres metros de alto.
Pero la cicatriz más grande de esa tragedia está en la gente. Seis meses después del peor deslizamiento que Quito ha soportado en su historia, los vecinos de la zona todavía no pueden dormir en paz.
Desde ese día, María Altamirano, de 69 años, toma pastillas para conciliar el sueño y controlar la ansiedad que la emergencia le desencadenó. Dos de sus vecinos, que jugaban vóley en la cancha de la José Berrutieta murieron.
Desde la ventana de su casa vio cómo el río de lodo bajó y se llevó todo lo que encontró a su paso. Alza a ver a la montaña y sabe que si vuelve a llover con fuerza, la tierra podría desprenderse y de nuevo el barrio se enlutaría.
Quisiera irse –confiesa- pero no tiene a dónde. En su casa viven también sus dos hijos con sus familias. “Al principio las autoridades dijeron que iban a resolver el problema, pero no he visto maquinaria en meses. Se olvidaron de nosotros”, dice resignada.
Junto a su casa hay un edificio de cuatro pisos y tres de ellos están desocupados; antes del alud todos estaban llenos. Las rentas en el sector no son altas. Van desde USD 100 a USD 190 al mes por un departamento de dos cuartos. En 10 cuadras se contabilizaron 12 letreros de ‘se renta’.
Negocios en crisis
Ala altura de la Mariscal Sucre, los negocios que volvieron a abrir dicen no salir aún de las deudas que el aluvión les trajo.
Shirley Conchambay, de 42 años, abrió una ferretería en la José Berrutieta, en diciembre de 2021, y a finales de enero de 2022, el lodo se lo llevó todo. Perdió cerca de USD 18 000. Solo reponer las puertas, pisos, y pintar las paredes le costó más de USD 6 000. Admite que recibieron ayuda de la empresa privada y del Municipio de Cayambe.
A ella le dieron cinco quintales de cemento, pero nada más. Se endeudó en un banco para volver a abrir, y las ventas no son buenas.
Marcia Cajas, dueña de una tienda a 100 metros de allí, dice que este año ha sido el más duro. Y por si fuera poco, los primeros meses del año la ola del covid-19 restó clientela, luego vino el paro indígena, y ahora, la segunda ola del virus.
Como no todos los ofrecimientos se cumplieron, los vecinos estaban planificando hacer una protesta y exigir atención, pero desistieron por falta de organización.
Cada vivienda y negocio afronta una guerra distinta. Flor Castellanos tiene una cafetería en La Gasca. Perdió todo y de ayuda recibió una cocina y una refrigeradora, pero debió endeudarse para comprar un tanque de gas, sillas, mesas, platos y cubiertos.
Anita Zurita perdió más de USD 8 000 en un bazar. Espera recuperarse cuando los alumnos regresen a clases porque hasta el momento no saca los USD 160 para pagar la renta. Según el Municipio, en total, fueron 160 familias afectadas directamente, es decir unas 555 personas, pero en la zona de impacto viven unas 8 000. Entre ellas está Miguel Rojas, de 46 años.
El lodo se coló en su sala y cocina. Se tardó 15 días en sacar la tierra y el agua de su casa donde vive con su esposa, tres hijos y su mamá. Debió pedir posada a sus vecinos hasta adecuar su hogar.
Asegura no haber recibido ningún tipo de ayuda. Lo que nunca faltó-recuerda- es comida. La gente fue buena y voluntarios y fundaciones les dieron la mano.
Por ese departamento paga USD 100 al mes. ¿Ha pensado en irse? Ríe a carcajadas. “¿Adónde?” Además, queda cerca de su trabajo y es una zona a la que se puede llegar en bus a cualquier lugar.
Óscar Jara, técnico del Cabildo Comunitario de La Comuna de Santa Clara de Millán, da fe de la desesperación de la gente, del miedo e impotencia, y dice que hay mucho por hacer, pero las cosas se complican. Pone como ejemplo la imposibilidad de recuperar la cancha, donde estaba la gran mayoría de personas que murieron.
“No se ha podido hacer nada en honor a nuestros amigos. Hay problemas sobre la propiedad del bien que no logran solucionarse y nadie hace nada para hacerlo pese a que se comprometieron”. Se refiere al problema legal que hay con el predio y que impide intervenirlo.
En la cancha ya no se juega como antes. Ya no son partidos multitudinarios con más de 50 deportistas y espectadores. Ahora, se reúnen a lo mucho 15. En la malla cuelga una gran pancarta con las fotos de cada una de las personas que fueron arrastradas por la ola. El barrio es otro. El alud lo cambió.