El proceso de remoción iniciado por dos colectivos ciudadanos en contra del alcalde de Quito Jorge Yunda entró en una nueva fase. Hoy, jueves 20 de mayo del 2021, la Comisión de Mesa se reunió para iniciar la revisión de las pruebas presentadas por ambas partes.
La sesión se realizó de manera presencial en las instalaciones de la Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) desde las 10:00. La edil Mónica Sandoval, integrante de esa Mesa, señaló que son cerca de 400 fojas de documentación que se deben revisar.
Ayer, miércoles 19 de mayo del 2021, venció el plazo de 10 días que establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) para que los representantes de los colectivos Quito Unido y Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, presenten los sustentos para su pedido de remoción.
En ese mismo plazo, el Burgomaestre tenía la opción de presentar las pruebas de descargo sobre las acusaciones hechas por ambos grupos.
El concejal Fernando Morales explicó que esta etapa sirve para que la Comisión de Mesa prepare un informe en el que se reflejará todo lo que han expresado ambas partes. Para esto, hoy se aprobó una metodología que les permitirá revisar todos los documentos.
El tiempo para esta tarea es corto. Sandoval señaló que el plazo para terminar los informes es el próximo 27 de mayo. Después, ya quedará en manos del Concejo Metropolitano la decisión final.
Para eso, el vicealcalde Santiago Guarderas tendrá que convocar a una sesión extraordinaria del cuerpo edilicio en donde se escuchará a las partes. Al final, la remoción dependerá de que existan al menos 14 de los 21 votos posibles.
Actualmente, el Alcalde enfrenta un proceso penal por la compra de 100 000 pruebas de detección de covid-19 que fueron adquiridas en abril pasado. En medio de ese proceso, la Fiscalía encontró chats atribuidos al hijo de Yunda en los que se evidencian conversaciones con funcionarios de su despacho.
Este último hecho agravó la situación del primer personero de la ciudad al interior del Concejo. Incluso hubo concejales que formalmente pidieron su renuncia.