Pobladores del Pangui llegaron ayer a la Plaza Grande para pedir al Presidente la reactivación del proyecto minero. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
El 40% del proyecto minero de cobre a gran escala Mirador, ubicado en Zamora Chinchipe, se encuentra paralizado desde el pasado 21 de marzo.
La empresa Ecuacorriente (ECSA), encargada de la concesión, confirmó a través de un correo electrónico la suspensión temporal de obras.
Ecuacorriente anotó que el Ministerio de Ambiente tiene observaciones relacionadas con la gestión ambiental del proyecto. Estas se refieren específicamente a dos áreas, según el Ministerio de Minería.
La primera es la planta de beneficio donde se procesan los minerales y, la segunda, la relavera, un lugar de depósito de los desechos. Según Minería, en estas zonas se realizaban trabajos sin contar con todos los permisos ambientales.
Este Diario intentó contactarse ayer (lunes 14 de mayo del 2018) al celular del ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, para conocer detalles sobre el motivo de la suspensión, pero no hubo respuesta hasta el cierre de la edición.
Desde la paralización del proyecto, según la firma minera, la afectación económica es de USD 3 millones por mes. También dice que ha tenido que retirar del campo 450 vehículos de maquinaria pesada.
Pero lo que más preocupa a los pobladores del Pangui es el despido de trabajadores.
Ecuacorriente confirmó que se ha separado temporalmente a 1 000 empleados. La minera generaba hasta noviembre del año pasado 2 600 plazas de trabajo directo.
Una delegación del cantón El Pangui (Zamora Chinchipe) llegó ayer hasta la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito, para pedir al presidente Lenín Moreno la reactivación del proyecto minero.
Los pobladores presentaron una carta de respaldo con más de 3 000 firmas.
El Pangui tiene una población de 7 300 habitantes y su reactivación económica y de desarrollo ha sido significativa desde que Mirador fue aprobado en el 2012, señalaron los pobladores en un comunicado.
Eduardo Guzmán, uno de los representantes de la zona, dijo que esperan que el Presidente escuche su pedido, ya que se encuentran sin empleo.
Pero no solo hay afectación al empleo directo. Guzmán sostiene que también se han visto perjudicadas microempresas que se crearon en torno a la actividad de la minera. Con ello, el impacto llega a 2 000 familias. “Como todo proyecto, cuando hay obras, hay un poco de destrucción, pero no hay contaminación para que se paralice”, sostuvo.
La minería que se efectúa en la zona es “responsable”, dicen y eso ha permitido que la gente de su comunidad no tenga que salir a conseguir empleo.
La población también destacó el desarrollo del Pangui, “gracias a la recolección de impuestos y regalías mineras”, dinero con el cual se ha podido construir la Unidad Educativa del Milenio Arutam, el nuevo Centro de Salud, la carretera Chuchumbletza – Tundayme, el puente del río Zamora, entre otras obras.
Hasta diciembre del 2017, los impuestos pagados por la empresa y sus contratistas sumaron un total de USD 100 millones, según Ecuacorriente.
Los pobladores, además, se reunieron la tarde de ayer con la ministra de Minería (e), Rebeca Illescas, para exponer sus inquietudes. En esa cita, según el Ministerio, se recordó que “el cumplimiento de la normativa ambiental no es una opción, sino una obligación para cada uno de los proyectos mineros”.
Ecuacorriente está realizando actividades de protección y restauración ambiental en todos los frentes de trabajo en coordinación con los ministerios de Ambiente y de Minería para que se levanten las observaciones. La empresa, subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tonguan Investment, indicó que las actividades se reactivarán cuando “exista un pronunciamiento favorable de Ambiente”. Y, de manera inmediata, se reincorporará a los trabajadores.
El contrato con Ecuacorriente se firmó en el 2012. Mirador es uno de cinco proyectos a gran y mediana escala que se impulsan en el país y tiene una vida útil de 30 años.
En el 2015, Ecuacorriente empezó la construcción de la mina. Y en marzo de ese año, el Ministerio del Ambiente ya suspendió las actividades mineras en el proyecto Mirador.
En aquella ocasión, técnicos de la Dirección Nacional de Control Ambiental realizaron seis inspecciones e identificaron incumplimientos a la licencia ambiental.
La inversión estimada para el proyecto Mirador en este año es de USD 332,56 millones. El Gobierno espera que entre en fase de producción el próximo año, con lo cual más de 970 trabajadores podrían sumarse a la nómina de la minera.