Solo un proyecto de Alianza Público Privada avanza en Quito

En la planta de transferencia sur operará la empresa que gane la licitación de la Emgirs. Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO

En la planta de transferencia sur operará la empresa que gane la licitación de la Emgirs. Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO

En la planta de transferencia sur operará la empresa que gane la licitación de la Emgirs. Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO

De los 22 proyectos que forman parte del portafolio de obras que el Municipio busca desarrollar con Alianzas Público Privadas (APP), solo uno ha despegado hasta el momento.

La nueva Estación de transferencia norte y planta de separación de residuos ordinarios sur del Distrito Metropolitano es la única que ha alcanzado la etapa de convocatoria a concurso público. Este 5 de octubre se conocerá la oferta de las dos empresas finalistas y 10 días después a la ganadora.

El proyecto, a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs), busca reutilizar el 17% de las 1 900 toneladas de basura al día que genera la ciudad, y alargar así la vida útil del relleno sanitario. Al momento se aprovecha entre el 1 y el 3%.

Santiago Andrade, gerente de la entidad, explica que si no se lo hace, en menos de nueve años, la ciudad no tendrá dónde enterrar la basura.

Con el objetivo de encontrar una empresa que se haga cargo del proyecto, el año pasado se dio a conocer la oferta en el mercado mundial. Se interesaron 18 empresas de 8 países.

Santiago Burneo, gerente de Desarrollo Organizacional de la Emgirs, explica que el 24 de abril se hizo la convocatoria, se hizo un proceso de precalificación y se seleccionó a ocho finalistas. De ellos, dos cumplieron con todos los requisitos solicitados. Según Andrade, la clave para el avance de la alianza es la toma de decisiones oportunas.

La falta de recursos propios es motivó a la Emgirs a apoyarse en este tipo de alianza. Su presupuesto de este año es de USD 39 millones, y un proyecto de esta envergadura costaría entre 30 y 100 millones, dependiendo de la tecnología y del alcance.

Álvaro Maldonado, secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad, advierte que con el portafolio que maneja el Municipio se ahorrará, al menos, USD 3 000 millones.

Asegura que en el modelo de desarrollo de esta administración no prevalece la inversión pública, sino que esta se complementa con la privada, por lo que busca un mejor clima económico para atraer inversión.

El impulso a este tipo de alianzas se concretó en mayo del 2016, con el foro de atracción e inversiones realizado en Quito, al que asistieron unos 1 000 inversionistas. Desde entonces, han sido invitados por embajadas para replicar el foro en Madrid, Singapur, Toronto, Nueva York y Miami y recibieron 138 cartas de interés.

Aparte de la estación de la Emgirs, la actual administración priorizó otros proyectos, entre los cuales está la Ruta Viva Fase III, el nuevo Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, la Centralidad Bicentenario, (que va alrededor del centro de Convenciones) y la planta de tratamiento de las aguas residuales Vindobona.

Este último es otro de los proyectos que registra avances, pero aún falta al menos un año para que entre a licitación.

Xavier Vidal, subgerente de Preinversiones de Agua de Quito, explica que esta planta dará tratamiento al 95% de aguas negras de la capital.

El presupuesto de la Epmaps no llega a los 200 millones al año, y este proyecto costará cerca de USD 900 millones.

Debido al elevado monto se analizó la posibilidad de desarrollarlo con una APP.

En julio se presentó el proyecto y hasta hoy ha recibido nueve cartas de interés.

Vidal explica que la demora en el desarrollo del proyecto se debe al monto y a que debieron esperar a que terminen los estudios definitivos de ingeniería, entregados a inicios de año. Costaron USD 10 millones y fueron financiados con USD 7,8 millones por la Senplades.

Además, dice Vidal, una alianza público privada por ese monto es compleja de estructurar. Al momento están en el proceso de contratar asesores en este tipo de planes.

El siguiente paso es hacer un análisis económico, financiero, legal y técnico para estructurar el proyecto, lo que tomará cerca de un año, según el funcionario. Entonces tendrá lugar la licitación.

De ir a buen ritmo se firmaría un contrato a mediados del 2019. La construcción total podría hacerse en dos etapas, cada una en tres o cuatro años.

¿Por qué solo uno de ellos alcanzó la fase de convocatoria pública? Maldonado explica que como Secretaría están encargados de la promoción y difusión, pero las licitaciones dependen de cada empresa. Por lo tanto, cada proyecto va
a distinto ritmo.

El último año, señaló, se concentraron en hacer una promoción agresiva con el fin de mejorar el clima de negocios tomando en cuenta que el país ha recibido en los últimos años muy baja inversión extranjera y se debía retomar la confianza. “Durante 10 años el discurso no ha sido amigable con el sector privado”, dijo.

En este año, además, se capacitó a las empresas públicas metropolitanas en este tipo de alianzas. Maldonado espera que al finalizar la actual administración, en el 2019, puedan inaugurar al menos los seis proyectos priorizados.

Para Jaime Carrera, analista económico y director del Observatorio Fiscal, las Alianzas Público Privadas resultan difíciles de concretar si no hay un entorno económico, fiscal y político adecuados. Si las perspectivas futuras del direccionamiento de la economía no son favorables no se
pueden concretar.

Según Carrera, el Municipio necesita del entorno macroeconómico general para poder operar. Lo que debería hacer es requerir del Gobierno central políticas económicas creíbles y serias que faciliten alianzas en el país.

Asegura que el tema va más allá del interés de las empresas municipales, debido a la complejidad de contar con un entorno de garantía de retorno de la inversión al privado.

 

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