Los tres tipos de vivienda del proyecto inmobiliario San Jorge, en Portoviejo, fueron exhibidos a los interesados. Foto: El Diario de Manabí
El modelo de asociación público-privada (APP) empieza a tener espacio en los gobiernos locales del Ecuador, para que sus obras se construyan con capital privado.
El Cabildo del cantón Portoviejo, en Manabí, es uno de los que ya puso en marcha su primer acuerdo bajo esta modalidad, el pasado 21 de julio de 2017.
Lo hizo con el proyecto de vivienda San Jorge, ubicado en la vía Portoviejo- Manta, y que en una primera etapa tendrá 220 viviendas de interés social. Ese Municipio prevé que otros seis planes, prioritarios en ese cantón, sean capitalizados por socios privados.
Este Cabildo no es el único que está interesado en la búsqueda de inversión independiente de la pública. Otros 82 de los 221 municipios del país gestionan el financiamiento de 320 proyectos con las APP.
Estas obras necesitan USD 1 542 millones para su ejecución. Los proyectos apuntan a vivienda, turismo, vialidad, comunicación, transporte, saneamiento ambiental, urbanismo, cultura y producción, según la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). Los alcaldes de esos cantones se reunieron el 30 de junio con expertos que contrató la AME para analizar la viabilidad de sus propuestas.
Ahí conocieron los proyectos de los municipios de Portoviejo (Manabí), Arajuno (Pastaza), Caluma (Bolívar), Arenillas y Zaruma (El Oro), El Tambo (Cañar), Girón (Azuay), Zapotillo, Gonzanamá, Puyango (Loja) y Tena.
El cabildo quiteño presentó el 2016 un portafolio con 27 proyectos en el Quito Invest, el primer foro de atracción de inversores, que reunió a más de 1 000 inversionistas.
Sus planes son sobre sostenibilidad, movilidad y turismo, construcción de corredores periféricos y una planta de tratamiento de aguas residuales.
Según Álvaro Maldonado, secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad del Distrito, la alianza busca incrementar drásticamente la inversión de la empresa privada y que se hagan concesiones a un período determinado mediante alguna remuneración.
El de Guayaquil se acogió a la APP para la contratación del dragado del canal de acceso marítimo a las terminales portuarias. El proceso arrancó el 16 de enero último con la convocatoria pública para invitar a empresas nacionales y extrajeras interesadas en participar.
La contratación para el nuevo aeropuerto intercontinetal en Daular también se hará bajo alianzas. Según la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil en dos o tres meses estará lista la documentación y estudios.
En la capital manabita, la Empresa Pública de Vivienda -adscrita al Municipio- y la constructora Stvecom se asociaron hasta mayo del 2018 para entregar la etapa inicial del proyecto de vivienda que ocupará 80 hectáreas.
La inversión privada es de USD 9 millones, pero se prevé triplicar a medida que se comercialicen las casas y construyan las nuevas (2 000), según el gerente de la Empresa de Vivienda, Jorge Carvajal.
El aporte del Cabildo fue de USD 900 000, que corresponden a la tierra, los estudios y la fiscalización. Los recursos que genere el plan inmobiliario se manejarán en un fideicomiso administrado por la firma pública Fiduciaria del Pacífico.
Por medio de este ente el inversionista privado y el Municipio se aseguran el retorno de la inversión y las ganancias.
Según los compromisos, se calcula que la ganancia será un poco más del 10% para cada una de las partes, explica el vicealcalde Carlos Vázquez.
Para el titular de la AME, Daniel Avecilla, las APP son una oportunidad para poner en marcha aquellas obras que no se construyeron en años anteriores por falta de recursos económicos y por los ajustes que han afrontado los cabildos.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (prefecturas, municipios y juntas parroquiales) dejaron de recibir el año pasado USD 338,2 millones menos por las modificaciones que se hicieron en las asignaciones del Estado.
Se prevé que este sistema de alianzas se convierta en el generador de divisas para la economía de las ciudades.
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo presentó ayer, 26 de julio, cifras preliminares de la inversión que contiene la Pro forma 2017. El Gobierno espera que el sector privado inyecte USD 10000 millones en proyectos. De los municipios y prefecturas la proyección es que sean 1 000 millones.
Su titular Andrés Mideros sostuvo que esas inversiones están calculadas para los siguientes cinco años.
La AME recomienda a los cabildos contar con al menos tres instancias donde se definan los términos y compromisos de la participación.
Por ejemplo, Portoviejo tiene una Dirección de Atracción de Inversiones, que es la encargada de llevar la oferta y hacer acercamientos con los inversionistas. Se creó una Secretaría de Gestión Estratégica, donde se negocian y se concluyen los acuerdos económicos, plazos, márgenes de compromisos y las facilidades para el inversionista. Y la tercera es el funcionamiento de la Empresa Pública de Vivienda, que se ocupa de fiscalizar el proyecto. Ellas definieron el plan San Jorge como obra prioritaria.
Las viviendas del proyecto, cuyos tres modelos se exhiben en la urbanización San Jorge, son de 48, 65 y 75 metros cuadrados. Son de hormigón armado y sismorresistentes, asegura el responsable de Stvecom, Héctor Ponce.
Las casas cuestan desde USD 34 990 hasta 50 990. La semana pasada se habían inscrito 1 750 personas de las cuales 178 fueron precalificadas.
En contexto
El régimen de asociación entre entes públicos e inversionistas privados se introdujo en octubre del 2015 con la aprobación de la Ley de Asociaciones Público Privadas. El modelo nacional fue adoptado por una parte de los 221 municipios que hay en el país.