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Índices de violencia determinan renovación de estado de excepción

“En este momento, la Penitenciaria del Litoral está totalmente controlada”, aseguró Carlos Jijón, vocero de la Presidencia, a este Diario. Foto: Archivo EL COMERCIO

A dos horas de que se termine la vigencia del estado de excepción por los niveles de inseguridad, el primer mandatario Guillermo Lasso lo renovó por 30 días más. La noche de este 18 de noviembre de 2021 emitió el Decreto Ejecutivo 257 que aplaza el tiempo del Decreto 224. 

El índice de delitos y de hechos de violencia ha determinado su renovación. “La evaluación es positiva, pero la situación sigue siendo difícil. Dado que no se han desvanecido las circunstancias que motivaron el estado de excepción, el Gobierno decidió renovarlo”, aseguró el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, este 19 de noviembre. 

El diagnóstico al que se llegó en la reunión de las funciones del Estado, dice Jijón, es que “el Ecuador se encuentra bajo una línea de ataque de carteles internacionales de la droga, que están intentando tomar control territorial de las cárceles”, y que va más allá de la guerra entre pandillas. Ante esto la principal medida que se decidió adoptar “es de unidad ante esta agresión externa”, sostiene. 

Este mecanismo constitucional trabajará también por solventar la necesidad del número de integrantes de la fuerza pública, que se requieren para mantener el control de las prisiones y velar por la seguridad en las calles.  

A la par de este Decreto rige otro focalizado para las cárceles, debido a los hechos de extrema violencia suscitados. Hasta la fecha se registran más de 320 reos asesinados. El presidente Lasso estableció la declaratoria de estado de excepción en los centros de privación de libertad del país en el Decreto 210, que rige hasta el 29 de noviembre. 

La convergencia de ambos estados de excepción ha implicado que la Policía requiera el soporte de las Fuerzas Armadas. Sin este apoyo “se tornaría imposible darle continuidad a los operativos emprendidos durante el último mes” (…) considerando el nivel de violencia, organización y sofisticación de las organizaciones criminales, se vuelve numéricamente imposible para la Policía Nacional por sí sola restablecer el control en centros de privación de libertad”, se indica en los puntos a consideración del decreto. 

La policía contaría con 3 000 efectivos en circunstancias ordinarias en la provincia del Guayas. Solo en la Penitenciaria del Litoral deben proveer seguridad a más de 7 695 personas privadas de libertad, distribuidas en 12 pabellones con 800 reos por cada uno. Para realizar operativos que permitan mantener el orden, se requeriría mínimo entre 1 000 a 3 000 integrantes de la fuerza pública, según el nivel de riesgo.  

Durante la duración del estado de excepción, las Fuerzas Armadas han puesto a disposición en los operativos de control de armas a más de 15 000 personas. Y esto ha permitido controlar el lugar.  

“En este momento, la Penitenciaria del Litoral está totalmente controlada”, asegura Jijón. Aunque “eso no implica decir que no van a haber ataques, pero la situación actual es totalmente distinta. (…) Esta semana ha servido para que El estado tome un control efectivo de los centros penitenciarios”, señala. 

Este 18 de noviembre, las FF.AA. demolieron 40 garitas, que habían construido los reclusos, en el interior del centro penitenciario. Según Jijón, estas garitas permitían los ataques y pasar de un pabellón a otro. Aún faltarían por demoler algunas más.  

Campo de acción 

El nuevo decreto estipula la movilización de las FF.AA. para complementar las funciones de la Policía Nacional, en 9 provincias: El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos. A diferencia del anterior decreto limitado por la Corte Constitucional, que regía en todo el territorio nacional. 

Sobre la observación de la Corte, Jijón confía en que este organismo será muy prudente y que considerará todos los puntos. “El espíritu que vi (en la reunión del 15 de noviembre) de la Corte y de todas las funciones del Estado es de colaborar”, indica. 

En esta ocasión las FF.AA. no solo actuará bajo la coordinación de la Comandancia de la Policía sino también del Ministerio de Gobierno.  

A pesar de que los índices de seguridad no cesan, las autoridades se muestran positivas ante los resultados de este mes con el trabajo conjunto de la policía y Fuerzas Armadas. Las instituciones han realizado más de 6 000 operativos en las provincias donde rige el estado de excepción.

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